Arturo Mcfields Yescas [email protected]
El Ministro del Trabajo, Virgilio Gurdián, manifestó que ante la necesidad de hacer recortes financieros en el Estado, es necesaria la elaboración de un “plan de solidaridad” en el que trabajadores del Estado donen el 5 por ciento o más de su salario, para evitar cesantías.
Gurdián manifestó que la situación de los despidos masivos en el Estado no ha sido confirmada. Sin embargo, no descartó que bajo las condiciones actuales en las cuales se encuentra el país se realicen algunos cambios.
Agregó que siempre que se dan situaciones de despidos masivos en el sector publico, se notifica al Ministerio del Trabajo (Mitrab) de forma oportuna, por lo que consideró que hablar de este tipo de temas es “pura especulación”.
ANUNCIAN PROTESTAS Y HUELGA
Domingo Pérez, Secretario General de la Unión Nacional de Empleados (UNE) dijo ayer que el veto presidencial al Presupuesto de la República podría tener graves consecuencias en la estabilidad laboral de miles de trabajadores del sector publico.
Según Pérez, la medida podría traducirse en unos cinco mil despidos. “El mismo ministro de Hacienda lo ha dicho, que la situación presupuestaria es difícil y que van a tener que hacer recortes, nosotros estamos convencidos que esto significa despidos y muchos de éstos ya comenzaron y en los próximos días van a continuar”.
El líder sindical manifestó que en los próximos días se preparan para realizar protestas y marchas cívicas en diferentes puntos de la capital y no descartaron una huelga nacional para hacer escuchar su reclamo de estabilidad laboral.
Pérez señaló que entre los principales ministerios que han sido afectados por los cambios en el presupuesto destacan, el Ministerio de la Familia, con más de 300 despidos; el Ministerio de Transporte con 385, el Ministerio Agropecuario y Forestal con 380, entre otros.
COBRAR IMPUESTOS A BANCOS
El Presupuesto General de la República fue vetado por el presidente Enrique Bolaños, en aras de mantener el acuerdo establecido en diciembre con el que se espera un desembolso de 1,200 millones de dólares para los próximos tres años.
UNE demandó al gobierno que en lugar de cobrar a los trabajadores el alto costo de reducción del déficit fiscal, se encargue de cobrar los impuestos a los banqueros, que no pagan el Impuesto sobre la Renta, y a los empresarios privados que evaden el pago de sus compromisos con el Seguro Social.
