- LA PRENSA obtuvo un resumen del Informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el embarque de armas que se
desvió hacia Colombia. Después del escándalo internacional, Nicaragua está en el radar de la lucha antiterrorista que Estados Unidos comanda en el mundo. Otras investigaciones de la inteligencia europea, así lo sugieren.
Eduardo Marenco Tercero [email protected]
El 5 de enero de 2001, en la oficina del general Roberto Calderón Meza, entonces Inspector General del Ejército Nacional, se recibió un fax de parte de la empresa “Grupos de Representaciones Internacionales” (GIR S.A.), en el que se leía una lista de armas y municiones, entre ellas: cañones antiaéreos dobles y cuádruples, misiles antiaéreos, granadas propulsadas por cohetes, lanzadoras antitanques y armas pequeñas. La lista incluía las cantidades y los precios del armamento.
Era la punta del iceberg de un nuevo y prometedor negocio que caía como regalo de Año Nuevo.
El fax fue enviado por Oris Zoller, un israelí propietario de GIR S.A., empresa vendedora y distribuidora de armas establecida en Guatemala desde 1996.
Zoller es, además, representante de las Industrias Militares de Israel (IMI) y fue miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército israelí, así como oficial de inteligencia.
Diez meses después, en noviembre de 2001, Zoller organizaría la transferencia de 3,117 AK y 2.5 millones de municiones, presuntamente de la Policía de Nicaragua a la Policía de Panamá, pero el embarque quedaría en manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La comisión investigadora de la OEA estableció que la lista de armas detallada en el fax enviado por Zoller al general Calderón, estaba vinculada a una solicitud de un agente de armas libanés, Samih Osailly, actualmente “bajo custodia” en Europa y objeto de investigación por parte de varios estados, por sus vínculos con Al Qaeda, la organización terrorista que planificó los atentados contra las torres gemelas de Nueva York.
Al momento de su detención, Osailly trabajaba para el Frente Unido Revolucionario (FUR) de Sierra Leona, por un acuerdo de armas por diamantes. Este agente, según los investigadores de la OEA, buscó comprar armas y municiones a Shimon Yelinek, israelí que hizo la solicitud a Zoller y éste a su vez la hizo vía fax a Calderón.
El episodio del fax es uno de los más oscuros encontrados por los investigadores europeos, y ubica a Nicaragua en el radar de la lucha antiterrorista que Estados Unidos comanda en el mundo.
La OEA recomendó que el gobierno de Nicaragua “debe llevar a cabo una inspección ocular minuciosa del inventario de armas y municiones del Ejército de Nicaragua. El equipo investigador ha podido determinar que en varias ocasiones GIR S.A. se dirigió al Ejército nicaragüense, por intermedio del general Calderón, para la venta de armas y municiones, además de entablar contactos relacionados con el intercambio de armas descrito en este informe”.
EL TRASIEGO DE LOS AK
Paso 1: El contacto. Pero, ¿cómo se trasladaron las 3,117 AK y 2.5 millones de municiones desde los inventarios del Ejército Nacional hasta los campamentos de los paramilitares en las selvas colombianas?
Todo comenzó con una necesidad institucional y por una vieja relación de negocios. Por un lado, la Policía Nacional ha necesitado desde 1990 cambiar los fusiles de guerra de sus inventarios por armas cortas. Y por otro lado, el general Roberto Calderón Meza tenía el contacto adecuado para adelantar el negocio.
De este modo, Calderón presentó en 1999 al jefe de la Policía Nacional, Franco Montealegre, al señor Ori Zoller, el mismo personaje que dos años después, en enero de 2001, enviaría el comprometedor fax al despacho del general Calderón, con la lista de armas vinculadas a Al Quaeda.
Calderón y Zoller, dice la OEA, se conocían desde mucho antes, porque ya habían hecho negocios juntos, pues GIR S.A., propiedad de Zoller, había vendido armas y equipo al Ejército Nacional. A finales de 1999 llegó la propuesta mágica de Zoller a Montealegre: la Policía obtendría las armas cortas sin pagar un centavo en efectivo por medio de una permuta.
De esta manera se diseñó el primer intercambio entre Montealegre y Zoller: GIR S.A. suministraría a la Policía Nacional armas cortas nuevas (465 pistolas Jericho y 100 subametralladoras UZI) a cambio de un viejo excedente de AK 47, municiones y bayonetas de la Policía (5,000 AK 47, 2.5 millones de municiones y 6,000 bayonetas).
El 2 de junio de 2000, mientras el país continuaba en vilo por la trama de los “checazos” de Byron Jerez, el triángulo minero era azotado por bandas delictivas y un grupo de narcotraficantes del Cartel de Cali se infiltraba en mandos intermedios de la Policía Nacional, Montealegre y Zoller suscribieron el contrato formal de permuta.
Antes de eso, el ministro de Gobernación, René Herrera (ahora diputado del Partido Liberal Constitucionalista) había suscrito la ya famosa carta en la que decía a Montealegre que todo estaba limpio, que la Embajada de Estados Unidos y el presidente Arnoldo Alemán habían dado el visto bueno y que procediera con la transacción. La Contraloría, en tanto, había autorizado en mayo de ese mismo año la permuta con exclusión del procedimiento de licitación, a solicitud de Herrera y Montealegre. Todo estaba listo para el negocio.
Zoller necesitaba vender las AK que recibiría para sacar su ganancia del negocio. De modo que contactó a varios coleccionistas de armas, pero decidió venderlas a Shimón Yelinek y Marco Shrem, un israelí y un peruano que se hicieron pasar como compradores de la Policía de Panamá.
Los personajes envueltos en la trama —Yelinek, Shrem, Zoller y el cuñado de Yelinek, Haviv Aviad— viajaron a Managua el 28 de abril de 2000 para inspeccionar las armas que comprarían a la Policía, gracias a la permuta con GIR S.A.
El valor total del negocio entre Zoller —representante de GIR S.A.— y Yelinek, que se hacía pasar por representante de la Policía de Panamá, era de US$575,000, es decir, cada AK fue comprada por un poco más de cien dólares, tomando en cuenta que el pago incluía la adquisición de 2.5 millones de municiones. Pero según expertos, las AK 47 pueden llegar a costar hasta diez veces más que ese valor, es decir, unos US$1,200 como precio máximo.
EL DESENCANTO Y UNA SOLUCIÓN EXPEDITA
Paso 2: Orden de compra. El 15 de mayo de 2001, Yelinek se reunió con Zoller en Guatemala y le suministró la fraudulenta orden de compra de la Policía de Panamá, documento utilizado como certificado de usuario final.
Pero el 4 de julio de ese año, Yelinek inspeccionó de nuevo las armas en Managua y las consideró de mala calidad, y dijo que no satisfacían sus requisitos. “Zoller rápidamente resolvió este problema haciendo un negocio lateral con el Ejército a través del general Calderón, según el cual el Ejército acordó aceptar los 5,000 AK viejos de la Policía Nacional de Nicaragua, a cambio de 3,117 AK nuevos, en poder del Ejército”, dice el informe de la OEA.
En su análisis se señala, además, que no es claro con qué autoridad el general Calderón cambió las armas del Ejército por las armas de la Policía; y mucho menos, por qué cambió AK en buen estado, o nuevas, por unas reportadas como inservibles.
De esta manera, las AK que se entregarían a GIR S.A. y que fueron a manos de los paramilitares de Colombia, salieron de los inventarios del Ejército Nacional. Además, el Ejército acordó suministrar 2.5 millones de municiones de balas y 3,000 bayonetas adicionales. En tanto GIR S.A. acordó suministrar al Ejército cierta cantidad de chalecos antibalas. Por su parte, Zoller contrató a Haim Geri para que entrenara a la Policía Nacional en el uso de las armas Jericho que recibiría.
Mientras esto sucedía en Managua, siete días después, el 11 de julio de 2001, el capitán de la Marina Mercante Mexicana, Miguel Onattop Ferriz, creaba en Panamá la empresa naviera “Trafalgar Maritime Inc.”, cuyo único barco era el Oterloo, que había sido comprado a unos holandeses a inicios del mismo mes. El capitán obtuvo una patente provisional de navegación.
EL FELIZ VIAJE DEL OTERLOO
Paso 3: Los arreglos. “Todos los arreglos necesarios para exportar las armas y municiones fueron coordinados por el Ejército de Nicaragua, que asumía la representación de la Policía nicaragüense; el agente naviero de GIR S.A. con base en Guatemala, Leonel Cordón; un agente naviero de Nicaragua, Agencia Vasalli S.A.; y un despachante de aduana, contratado por la Policía, la Agencia Aduanera Canales Aguilar”, dice el informe de la OEA.
Para octubre de 2001, un mes lluvioso en Nicaragua, los pagos de Yelinek a GIR S.A. estaban casi completados (sólo les debía US$25,000 de los US$575,000 por la ganga de las AK). Igualmente, las pistolas Jericho ya estaban en manos de la Policía de Nicaragua, con excepción de cinco de ellas.
De modo que aquel 15 de octubre de 2001, mientras Estados Unidos bombardeaba al régimen Talibán de Afganistán por su alianza con Al Qaeda, en reacción al derribamiento de las torres gemelas; y mientras Nicaragua esperaba elegir a un nuevo presidente en pocos días, el Oterloo zarpó de un puerto de Veracruz, México, con el inocente cargamento de nueve contenedores de pelotas plásticas para niños.
Arribó al puerto nacional de El Rama, el 26 de octubre, justo cuando el Ejército se dedicaba a trasladar el material electoral en todo el país y anunciaba un Plan de Contingencia en caso de haber violencia electoral, que incluiría el uso de “tácticas urbanas” de apoyo policial.
Tras una demora de varios días, el Oterloo fue cargado el dos de noviembre —Día de los Difuntos y a 48 horas de los comicios presidenciales en Nicaragua—, y zarpó de El Rama al día siguiente, tres de noviembre, con rumbo a el puerto de Turbo, en Colombia, sin pasar nunca por Panamá.
El manifiesto de embarque de la Agencia Vasalli, del 2 de noviembre de 2001, señala que en el Oterloo iban catorce contenedores con 300 cajas de fusiles AK de 3,000 unidades, así como 3,493 cajas de cartuchos de 7,62 milímetros con cinco millones de unidades. ¿Pero si sólo se permutaron 2.5 millones de municiones, por qué iban cinco millones?
El informe de la OEA no especifica si se embarcaron también las seis mil bayonetas acordadas originalmente entre Montealegre y Zoller. Mientras tanto, una comisión de gobierno que estudia el documento señala que el mismo omite el destino de nueve mil bayonetas, tres mil más que las pactadas al inicio, que se fueron rumbo a Estados Unidos en otro embarque.
El Oterloo llegó al puerto de Turbo el cinco de noviembre, donde fue descargado en dos días, luego navegó hasta Barranquilla adonde arribó el nueve de noviembre; ahí el capitán Jesús Iturrios Maciel desembarcó declarándose enfermo y desapareció. Luego, el Oterloo partió a Panamá.
El Ejército se encargó de la logística de la exportación de las armas, colocándolas en el puerto de El Rama, y aseguró la carga por intermedio de la Agencia Vasalli y el agente naviero de GIR S.A. Por el Ejército estuvo a cargo el mayor Alvaro Rivas, asistente de campo de Calderón.
EL EPÍLOGO: LA OPERACIÓN TRIÁNGULO
El exitoso viaje del Oterloo despertó las pasiones entre los hombres de negocios. De modo que Zoller no perdió tiempo, y el 21 de noviembre, semanas después, envió un fax al Ejército nicaragüense explicando que la Policía Nacional de Panamá, otra vez, deseaba adquirir 5.000 AK 47 y 17 millones de cartuchos, y adjuntaba copia de la misma orden de compra panameña, fechada el 10 de febrero de 2000. El contacto en Nicaragua era el mayor del Ejército, Alvaro Rivas, asistente de campo del general Calderón.
El 11 de enero de 2002, el Ejército nicaragüense emitió una factura por US $980.000 dirigida a la Policía Nacional de Panamá. El 16 de enero, Yelinek realizó una transferencia electrónica bancaria por US $50.000 a la cuenta de GIR S.A. como pago inicial.
Pero todo se derrumbó cuando a finales del mes las autoridades colombianas se enteraron de que las AUC habían recibido las armas nicaragüenses e informaron al Servicio de Inteligencia Naval de Panamá, el que, a su vez, informó al Ejército nicaragüense el 30 de enero de 2002, dice el informe de la OEA.
“Ello puso en marcha un empeño trinacional de parte de los servicios de inteligencia de Colombia, Panamá y Nicaragua. Representantes de los tres servicios se reunieron en Managua a comienzos de febrero, y el 6 de ese mes firmaron un acuerdo denominado “Operación Triángulo”, descrito como un operativo para atrapar al grupo de traficantes de armas, aprovechando el segundo negocio organizado por Zoller. La Policía Nacional de Nicaragua no fue informada por el Ejército de que las armas que había intercambiado habían sido desviadas a Colombia, ni tampoco fue incluida en la Operación Triángulo”, sostiene el informe.
Durante una entrevista concedida por Zoller, éste dijo a la OEA que alrededor del 15 de febrero de 2002 decidió suspender el segundo negocio, cuando el general Calderón le informó sobre la “Operación Triángulo”. “Zoller le informó a Julio Solís, de la Agencia Vasalli, y a su propio agente, Leonel Cordón, que ya no necesitaba los contenedores. El general Calderón le dijo a la OEA que Zoller no sabía nada de la Operación Triángulo”, finaliza el documento.
NUEVE MIL BAYONETAS A EE.UU.
Según datos de un equipo gubernamental que estudia el informe de la OEA, además de los tres mil AK-47 y los 2,5 millones de municiones que se desviaron a Colombia, GIR S.A. envió 115 fusiles a Guatemala, los que supuestamente eran para coleccionistas de armas en Estados Unidos, pero también envió 9 mil bayonetas que formaban parte del lote, hacia ese país donde supuestamente habrían sido recibidas por una empresa de armas con las siglas C.I.A.
De acuerdo a la fuente, este detalle es una de las omisiones que han encontrado en el documento, el que tampoco explica en qué circunstancias legales apareció y desapareció en Panamá la empresa Trafalgar, usada por GIR S.A. para el embarque de las armas.
EJÉRCITO CUESTIONADO
Según el informe de la OEA, la participación del Ejército de Nicaragua en el primer negocio de armas parece ser legítima, aunque negligente, no sólo porque el intercambio iba a beneficiar a otra parte del Estado nicaragüense, la Policía, sino porque la transacción con Zoller casi no involucraba dinero en efectivo. Pero lo mismo no puede decirse sobre la participación del Ejército en el segundo envío de armas. En este caso, “pareciera que oficiales de alto rango del Ejército actuaron de manera criminal en su plan de vender artículos del Estado a cambio de casi un millón de dólares americanos, sin el conocimiento de las autoridades civiles nicaragüenses y usando una orden de compra que dudosamente sería legítima, y la cual tenía casi dos años de antigüedad”.
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