Luis Felipe Palacios [email protected]
El canciller Norman Caldera, quien prometió dar a conocer el contenido del informe de la OEA “en corto plazo”, indicó que “cuando uno comete un error, ya sea por maldad o por descuido”, se tienen que tomar las acciones correctivas correspondientes.
“Si hay alguien a quien castigar, afuera o adentro… si es afuera mandarlo a traer, y si es adentro internamente y tomar las medidas legales para lo cual ya se está pidiendo asistencia que corresponda para asegurarnos de que esto (no) nos pueda a volver a pasar”, prometió Caldera.
El Canciller dijo que es suficiente conque se haya demostrado que hubo una entrega de armas a un grupo irregular, para que el gobierno de Nicaragua tome las medidas pertinentes.
No obstante, explicó que no pueden actuar de inmediato en contra de los nacionales que salen señalados por la OEA en el desvío de armas, porque el “informe no es más que las opiniones de la OEA y no podemos basarnos en opiniones para tomar acciones después”.
“Y si bien es cierto que parte del informe (de la OEA) u opiniones de otras personas que no están en el informe están siendo publicadas en otros diarios, el hecho de que lo estén haciendo en otros países no significa que nosotros debamos divulgar un documento que está siendo investigado”, justificó el canciller Caldera, ante la negativa del gobierno de Nicaragua de revelar el contenido de la investigación realizada por la OEA.
Reafirmó que una comisión interinstitucional del gobierno de Nicaragua realizará una investigación sobre el desvío de armas nicaragüenses que terminó en manos de un grupo irregular de Colombia, para determinar si existen méritos para encausar a los nacionales que salen implicados en el informe conclusivo presentado por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el trasiego ilícito de un arsenal de guerra.
“El informe es opinión en la OEA, de manera que dice aparentemente tal cosa o aparentemente tal otra, y, por lo tanto, antes de hacer afirmaciones rotundas sobre algo, tenemos que cumplir esas investigaciones”, explicó.
Aseguró que investigarán a “oficiales o no oficiales” involucrados en el tráfico de armas —según la OEA— y argumentó que aún no lo hacen porque la comisión integrada por los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Gobernación, y la Procuraduría General de Justicia, no han determinado cuál es el paso a seguir.
