Rolando Flores [email protected]
El Gobierno de Nicaragua ya se había auto declarado impotente para controlar el posible tráfico ilícito de armas, y lo hizo en mayo de 2002 ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Durante la tercera reunión ordinaria del Comité Consultivo de la “Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego” (CIFTA), el Ministro Representante Alterno de Nicaragua ante la OEA, Manuel S. Abaunza, reconoció que existe “ineficacia en la implementación de normas y convenciones” entre los países firmantes de dicha convención.
Según el informe de la reunión realizada en Washington D.C. el 2 y 3 de mayo de 2002, Abaunza reaccionó al caso de la pérdida de armas en nuestro país, y justificó que “la carencia absoluta de instrumentos de control no se debe a la falta de voluntad de los gobiernos mismos, sino a que la comunidad internacional y el sistema actual mundial no facilitan estos medios especialmente en los estados pobres y pequeños”.
Opinó que los países pobres como Nicaragua “no cuentan con los instrumentos que les faciliten establecer un control práctico de armas”, y sugirió que, por los escasos recursos financieros, la ayuda internacional es “imprescindible” para poder lograr ese control.
