- Informe de la OEA señala a René Herrera; al ex jefe de la Policía, Franco Montealegre, y al actual jefe policial Edwin Cordero
- Otro supuesto responsable es el mayor Álvaro Rivas, ayudante de Calderón
Xiomara Chamorro [email protected]
Los cinco supuestos responsables del embarque de armas nicaragüenses hacia Colombia, según la Organización de Estados Americanos (OEA), además del general retirado Roberto Calderón, son el ex ministro de Gobernación y actual diputado del PLC, René Herrera; el ex jefe de la Policía Nacional, Franco Montealegre; el actual jefe policial, Edwin Cordero, y el mayor Álvaro Rivas, ex ayudante de Calderón.
Según el informe, Calderón “fue la pieza clave en el suministro de las armas del Ejército nicaragüense a la Policía Nacional de Nicaragua cuando se comprobó que las armas que ésta se proponía transferir eran insatisfactorias para el comprador final”, mientras Rivas “fue el responsable de los asuntos logísticos y de la exportación como tal de las armas objeto de la investigación”
EL CUENTO DE HERRERA
El informe destaca que el ex ministro Herrera, actualmente en México, “aprobó las condiciones” de la transferencia de las armas “y fue quien solicitó a la Contraloría que eximiera esta transacción de armas de la Ley de Contrataciones del Estado”.
“Herrera informó personalmente a quien era entonces embajador de Estados Unidos en Nicaragua (Oliver Garza), sobre las condiciones de la transacción original de las armas, describiéndola como una venta de armas antiguas a un agente, para revenderlas a coleccionistas de Estados Unidos”, dice el informe de la OEA.
En el caso de Montealegre, el documento señala que fue la persona que concretó el contrato inicial con Ori Zoller para el recambio de armas, y Cordero, al asumir el mando policial, le dio seguimiento a la transferencia “hasta su culminación definitiva”.
INTERROGANTES
Un equipo gubernamental que estudia el informe de la OEA, dijo a LA PRENSA que una de las primeras interrogantes que se tienen sobre sus conclusiones, es que las mismas basan su investigación en la declaración de Carlos Castaño, dirigente las Auto Defensas Unidas de Colombia (AUC), que asegura que el embarque con armas nicaragüenses está en su poder, pero que no citan ninguna otra prueba sobre el presunto desvío del cargamento.
“Ninguna autoridad colombiana ha confirmado que en ese país se haya detectado algún fusil que tenga la numeración de las armas que Nicaragua vendió. La única prueba en la que se basan es en la palabra de Castaño, de un paramilitar, pero nada más, por lo que nos preguntamos: ¿Dónde están las armas realmente?”, dijo la fuente.
Esta inquietud parece confirmarse en el mismo informe de la OEA, que reconoce que no viajaron a Colombia para realizar sus pesquisas en el terreno.
“El equipo investigador no viajó a Colombia, sino que los pedidos de información al Gobierno de ese país se realizaron a través de su embajador representante permanente ante la OEA, Humberto de La Calle Lombana, y a través de contactos con personas que tenían conocimiento del caso”, admite el informe de la OEA.
LA PRENSA supo que próximamente se dará a conocer un análisis sobre lo que este equipo gubernamental considera que constituyen las principales inconsistencias del informe.
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