OEA implica a Calderón

El canciller Norman Caldera anunció ayer que el gobierno de Nicaragua iniciará una investigación sobre una red criminal de traficantes de armas, que incluye a “cuatro o cinco” nicaragüenses —entre civiles y militares— que presuntamente están involucrados en el desvío de tres mil fusiles AK-47 y 2.5 millones de cartuchos que terminaron en manos de la irregular Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Caldera ofreció estas declaraciones después de dar a conocer el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que se responsabiliza a Nicaragua de “negligencia profesional” en el desvío de un lote de armas de guerra que terminó en manos del grupo paramilitar colombiano, tal y como lo adelantara LA PRENSA desde el sábado pasado.

Confirmó, además, que la transacción incumplió con varias disposiciones de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA).

El canciller indicó que el presidente Enrique Bolaños designó una comisión integrada por los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Gobernación y la Procuraduría General de Justicia para encontrar a los “criminales internacionales” que conspiraron en el tráfico ilícito del arsenal, que según la OEA, utilizaron a Nicaragua.

NO ENTORPECER INVESTIGACIÓN

Caldera confirmó que hay entre cuatro y cinco nicaragüenses, entre civiles y militares, que salen señalados en el informe conclusivo de la OEA sobre el desvío de armas nicaragüenses al grupo insurgente de Colombia.

“Hay alrededor de unas quince personas mencionadas como involucradas. En el caso de nicaragüenses se mencionan, creo que son entre cuatro y cinco personas, pero no puedo ir más allá de eso. No quisiera entrar en detalle, vamos a ver que la Procuraduría y la comisión que se hizo, den curso a todas las recomendaciones”, señaló.

“No puedo profundizar en eso porque la investigación que se lleve a cabo no la quiero entorpecer mencionando ni nombres ni nada por el estilo”, justificó.

El canciller nicaragüense se limitó a decir que la Procuraduría estará a cargo de la investigación sobre los involucrados, y que en caso de encontrar suficientes causas, ellos (Procuraduría) tendrán que determinar qué acción tomar.

“Hay puntos específicos que dice el informe qué es lo que hay que investigar. La participación…, ahí se dan nombres, pero no se menciona las actividades por las cuales deben de ser investigados por la Procuraduría en particular”, observó.

INFORME SEÑALA Al GENERAL CALDERÓN

Aunque el gobierno de Nicaragua no reveló los nombres de los presuntos implicados, internacionalmente se dio a conocer el informe de la OEA en que se señala al ex inspector general del Ejército de Nicaragua, general retirado Roberto Calderón, como uno de los responsables del ilícito, junto a otros altos oficiales del Ejército.

La OEA señala que existe presunción que Calderón y los otros oficiales aparentemente implicados, “actuaron de manera criminal pues intentaron vender artículos del Estado por casi un millón de dólares sin que las autoridades civiles estuvieran enteradas, usando una orden de compra falsa que tenía casi dos años de antigüedad”.

FISCALíA INSTA AL CANCILLER A DENUNCIAR

El fiscal Julio Centeno Gómez advirtió anoche al canciller Caldera que está obligado por la ley a poner en conocimiento del Ministerio Público, cualquier “delito de acción pública” del que tenga noticia, como en el caso del embarque de armas desviado a Colombia.

“Nosotros no hemos recibido ninguna información, pero si el ministro del Exterior tiene esa información, de conformidad con el nuevo Código Procesal Penal, él es una persona obligada por la ley a poner la denuncia, según el artículo 222 y 223, inciso 1; de modo que está imperativamente obligado a poner la denuncia ante el Ministerio Público o la Policía Nacional”, dijo el fiscal Centeno.

Recalcó que de conformidad a la ley, las denuncias se interponen ante el Ministerio Público u oficina de Policía correspondiente, instituciones encargadas de hacer la investigación criminal.

“Si tenemos noticia al respecto, de oficio procedemos a la investigación, pero lo positivo, ideal y prudente, sería que la autoridad oficial lo ponga en conocimiento ante la autoridad correspondiente (la Fiscalía), por respeto a la institucionalidad”, añadió.

Advirtió que “estamos operando como navaja de barba, cualquier evidencia de culpabilidad que resulte, la vamos a investigar”.

Ante el anuncio del canciller Caldera, quien dijo que remitirá el caso a la Procuraduría, Centeno Gómez dijo que eso “atrasará y será un bypass porque la Procuraduría no es una institución investigadora, es el abogado del Estado, pero quien hace la investigación es el Ministerio Público y la Policía Nacional”.

PROCURADURÍA NO TIENE DOCUMENTOS

Mientras tanto, el vocero de la Procuraduría, Sergio Boffeli, expresó que esa institución aún no ha recibido documentación alguna sobre el caso, de modo que no pueden emitir ningún criterio al respecto. “La Cancillería recibió el informe de la OEA, a nosotros como Procuraduría no se nos ha remitido nada, en caso que se nos envíe, será hasta que se revise la documentación y las consideraciones de la Cancillería sobre la afectación al Estado, que decidiremos los caminos a seguir. Mientras, estaremos a la espera. No podemos comentar nada mientras no tengamos información oficial y la hayamos revisado con detenimiento”, dijo el vocero.

ADMITEN CULPABILIDAD

A través de un comunicado, la Cancillería de la República admitió que el desvío de armas fue provocado por “actos negligentes” y por una operación planificada por el crimen organizado fuera de Nicaragua.

Nicaragua reconoció también haber incumplido con la Convención Interamericana en cuanto a la venta de armamentos, por lo que prometió “corregir” su legislación en cuanto a este tema.

El comunicado indica que están abocados a la preparación de un proyecto de ley dirigido al control, fabricación y transferencias de armas, que establecerá claramente las responsabilidades de cada una de las instituciones del Estado, así como los mecanismos apropiados.

Además, asegura que Nicaragua está abierta a una inspección ocular inmediata del inventario de armas y municiones de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua.

FUIMOS VÍCTIMAS

“Fuimos víctimas del crimen organizado, y lo que se tiene que averiguar es la participación de algunos nicaragüenses en esto. ¿Fue un acto de mala fe o es que fueron engañados?”, preguntó el canciller Norman Caldera al anunciar que la Procuraduría iniciará la investigación de los presuntos implicados en el caso de las armas.