- Piden prórroga de seis meses para limpiar deudas ante liquidadoras
Leslie Nicolás Lacayo [email protected]
Directivos de asociaciones cafetaleras y productores se reunieron ayer con diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional para solicitarles usen ese Poder del Estado para detener los embargos judiciales ejecutados en contra de caficultores que se encuentran en las juntas liquidadoras.
Denunciaron que a nivel nacional son 665 fincas cafetaleras, la gran mayoría ubicadas en el norte del país, las que podrían ser embargadas, las que producen en conjunto unos 210,000 quintales de café de exportación.
Los cafetaleros solicitaron ayer una prórroga de seis meses para que los productores que están en las juntas liquidadoras puedan salir de sus deudas. En el caso hipotético de que el Gobierno no les dé la prorroga para el pago de sus deudas, se verían obligados a plantarse en las carreteras, nuevamente como una forma de presión, indicó Ernesto Alonso, productor de café perteneciente a la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG).
Alonso dijo que las fincas “amenazadas” tienen un valor aproximado a los 150 millones de dólares y que no están dispuestos a perderlas.
Margarita Anzoategui, productora de café de Matagalpa, dijo que el Gobierno le debe a los caficultores aproximadamente 38 millones de dólares, los que exigieron les fueran pagados.
LEY DE COMPENSACIÓN
“Es por eso que necesitamos la aprobación de la ley de compensación de la industria del café. Que consiste en que el Estado honre a los productores con lo que es en deberle”. Con este dinero los productores aducen que aquellos que están en las juntas liquidadoras podrían pagar y salir de la deuda.
La propuesta de ley está en manos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues se prevé que el Gobierno pague lo adeudado a los productores con una emisión de bonos.
Por otro lado, está por pasar al Plenario el proyecto de ley de la venta de activos a los cafetaleros, la que se presume esté aprobada la próxima semana. Esta propuesta consiste en que se dé prioridad a los caficultores para que sean ellos mismos los que puedan comprar sus carteras.
