Porfirio J. Gómez
Todo delito cometido tiene atenuantes o agravantes. Si un asesinato, un robo, o robo seguido de asesinato, es cometido por alguien de baja escolaridad, doblegado por el alcohol o cegado por la ira después de una injuria o, en el peor de los casos, acuciado por el hambre, el jurado debe declararlo culpable y el juez tiene que dictar sentencia tomando en consideración tales atenuantes. Sin embargo, el procesado va a parar con sus huesos a la cárcel infame, muchas veces sin que cuenten las atenuantes y sin que ninguna jerarquía, ni derechos humanos, ni gente interesada, se preocupen de su destino, porque este tipo es Juan Pérez y carece de recursos e influencias.
Cuántos se llenan la boca afirmando, cuando les conviene, que todos somos iguales ante la ley. No es para que el juez, obrando discrecionalmente, se apiade de quien no tuvo compasión para la gran mayoría de un pueblo empobrecido, enviando al convicto, sin apego a Derecho, a la jaula de oro de su hacienda El Chile, con custodia de 100 policías que le cuestan a los contribuyentes. Me refiero, claro está, a Arnoldo Alemán.
Dejarse influenciar por los alegatos inconsistentes del procesado, como que es un campesino sólo porque nació en una finquita, que ha vivido bajo el amparo de Nuestra Señora, que al final ciertamente le salió la virgen, que recibió —sin asumir— los valores cristianos de sus padres y que ama tanto a Nicaragua que la dejó sin una segunda mudada, es pura sensiblería de parte de un juez y de parte del indiciado son lágrimas de cocodrilo.
Por otro lado, en la campaña contra la corrupción que aún no termina, con sus divagaciones morales y políticas el tránsfuga Jaime Morales Carazo es un hazmerreír de la ciudadanía, indignada por la falta de principios por parte de gente que se autollama liberal. Nada tiene que ver que Martha McCoy sea una dama para que no sea desaforada y defienda ante la corte su supuesta inocencia. Si hoy la mujer, gracias a las doctrinas liberales, quiere vivir en igualdad de condiciones y responsabilidades, también tiene que asumir los riesgos inherentes, sobre todo si se trata de una funcionaria pública.
