- Detalles del documento “Affidávit of Antonio Ybarra”
José Adán Silva [email protected]
En marzo de 1993, dos meses después que el prófugo Antonio Ybarra Rojas fuera detenido por la Policía de Bolivia para ser extraditado a Nicaragua, una comisión republicana del Comité de Relaciones Extranjeras del Senado, dio a conocer un informe confidencial basado en declaraciones y revelaciones de Ybarra sobre una compleja red de corrupción que, supuestamente, operaba desde el seno mismo del gobierno de la entonces presidenta Violeta Chamorro.
La comisión la encabezaban el ultra conservador Jesse Helms y Clairborne Pell, quienes viajaron a Bolivia a buscar información con Ybarra, quien ostentaba la ciudadanía nicaragüense y estadounidense.
Ybarra, quien tenía estudios de posgrado en Sociología y Antropología, más una amplia experiencia académica en universidades de Latinoamérica y Estados Unidos, aseveró a los senadores norteamericanos que su jefe inmediato, Antonio Lacayo, entonces ministro de la Presidencia, era quien encabezaba una red de corrupción del gobierno de aquel entonces.
Lacayo siempre ha negado, y sigue negando, todas las acusaciones brindadas por Ybarra a los Estados Unidos.
Ybarra, además de su informe oral, supuestamente presentó documentos públicos y privados de las operaciones financieras a través de las cuales —se presume— se logró sacar un millón de dólares del Estado de Nicaragua para sobornar a diputados de la Asamblea Nacional y pagar favores a otros funcionarios.
Ybarra había llegado al cargo de viceministro de la Presidencia por recomendaciones de Lacayo. Según el informe del Senado, Lacayo estaba preocupado porque los sandinistas dominaran totalmente la Asamblea Nacional, por lo cual implementó una política de sobornos a diputados, para que éstos apoyaran las iniciativas de Ley del gobierno de Chamorro.
Según el documento, Ybarra denunció a Estados Unidos que las políticas de sobornos, o “cañonazos”, como popularmente se les conoce en Nicaragua, comenzaron desde 1991, tras la aprobación de leyes que legalizaron el traspaso de propiedades del Estado a manos sandinistas.
Pero el ahora fallecido ex funcionario, no sólo culpó a Lacayo y al gobierno mismo de promover la cultura del soborno, sino que quiso involucrarlos en otras actividades más peligrosas, como complots para asesinar a líderes de la recién desarmada Resistencia Nicaragüense, supuestamente orquestado por agentes sandinistas, más otras presuntas violaciones a Derechos Humanos de reos políticos.
Ybarra, en su informe, dijo haber sido testigo del envío de un millón de dólares de una alto militar de las Fuerzas Armadas sandinistas a Lacayo, producto de supuestos negocios ilícitos como el tráfico de drogas, lavado de dinero, venta de armas, extorsión y otras cosas más.
