Noel Hernández Ramos [email protected]
La privatización del 40 por ciento de las acciones de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) que finalmente quedaron en manos del consorcio Megatel de Nicaragua S.A, también estuvo en la palestra de la opinión pública
Algunas auditorías e investigaciones sobre la manera en que se efectuó la venta de las acciones, el contrato de administración y la banda A de celulares, surgieron durante la segunda mitad del año.
Estas denuncias fueron presentadas ante la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República, las que investigarán las denuncias surgidas este año.
LA PRENSA presentó una serie de reportajes investigativos sobre la formulación de enmiendas y acuerdos por parte de funcionarios del Gobierno anterior para prolongar el pago que debía hacer el consorcio al ganar la licitación de las acciones, el 31 de agosto del año pasado.
Originalmente el plazo de traspaso de las acciones y administración de Enitel debía darse el 14 de noviembre de 2001, sin embargo éste fue postergado al 18 de diciembre del mismo año.
Con el plazo se estipuló que la venta de las acciones debía darse en cuatro partes, a partir del 20 de noviembre hasta el 14 de diciembre. No obstante los depósitos de pagos ocurrieron un día antes del traspaso de la empresa, el 17 de diciembre del año pasado.
Al 21 de noviembre de 2001 el único adelanto que había entregado el Consorcio al Estado era U$ 5 millones de dólares, para garantizar el cumplimiento de pago del 30 por ciento de las acciones, cuyo valor era de 33 millones 100 mil 999 dólares.
Por otro lado una parte de la fianza con la cual se pagaría el Contrato de Administración salió de las arcas de Enitel antes de entregarse la empresa, como adelanto de los servicios que Megatel de Nicaragua brindaría a la empresa telefónica.
ALEGAN QUE ENMIENDAS FUERON JUSTIFICADAS
Carlos Ramos gerente general de Enitel y actual representante de Megatel expresó, durante una conferencia, que uno de los problemas con los que se encontraron al momento de comenzar a pagar los cinco millones de garantía de pago por el total del 40 por ciento de las acciones, es que se activaron una serie de demandas contra el Estado de Nicaragua, por deudas públicas que fueron notificadas al Sistema Bancario Internacional.
Ramos explicó que esto hizo que la primera garantía que se depositó en el City Bank, de Nueva York Estados Unidos, fuera retirada ya que el Estado de Nicaragua tiene una demanda de una Sociedad llamada NLC y otras sociedades.
Por esta razón, dijo, es que se producen las primeras enmiendas provocando retrasos en las fechas de pago del contrato de venta de acciones, ante esta situación el consorcio pagó en efectivo cinco millones de dólares que fueron depositados en el Banco Central de Nicaragua, en concepto de adelanto de pago y mantenimiento de garantía.
“Por lo tanto, se produce la primera enmienda…que mueve la fecha (de traspaso y pago) del 15 de octubre al 14 de noviembre, la segunda fecha de perfeccionamiento se convierte en el 14 de noviembre”, agregó.
Sin embargo, dijo que unos días antes de llegar al 14 de noviembre, el Gobierno solicitó un segundo aplazamiento ya que las elecciones del año pasado no le permitieron al Ministerio de Hacienda tener toda la documentación de los contratos y acciones en forma, por lo que la fecha se traslada al 18 de diciembre.
Indicó que el segundo problema que se le presentó al Estado nicaragüense fue la manera en que se debía depositar el segundo fondo de garantía de mantenimiento de oferta de pago del Contrato de Administración que es de 10 millones de dólares, el cual debe mantenerse mientras Megatel de Nicaragua paga 50 millones de dólares de este contrato en un plazo de cinco años.
Explicó que por las mismas circunstancias anteriores, el Estado de Nicaragua no podía mantener una garantía en un banco internacional, por lo que se puso cinco millones de dólares de garantía en un banco regional, con lo cual se cubría la mitad.
Para colocar los otros cinco millones se construyó un mecanismo de garantías alternativas. En consecuencia se aprobó que el Estado podía tomar como garantía un anticipo de los honorarios que Megatel debe recibir de Enitel por remuneración de la transferencia de la capacidad técnica y de gestión, equivalente a cinco millones de dólares haciendo uso de los bonos que según Ramos, Enitel ya había comprado al Ministerio de Hacienda desde antes de la privatización.
