- Las aguas se agitaron y la energía eléctrica se alteró este año cuando se empezó hablar de la posibilidad de privatizar los dos principales servicios básicos; mientras que el proceso de privatización del 40% de Enitel fue fuertemente cuestionado
Moisés Martí[email protected]
Los dos principales servicios básicos en la vida de todo ciudadano, el agua y la luz, se vieron envueltos durante el 2002 en medio de una “tercia” entre las instituciones encargadas de su distribución y organizaciones de la sociedad de defensa del consumidor, motivada por los posibles procesos de privatización.
En el caso del “líquido de la vida”, el anuncio realizado el 17 de julio por la autoridades de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) sobre un traspaso de la administración del sistema de agua del Occidente del país a manos privadas provocó la inconformidad inmediata de organismos de la sociedad civil.
El proyecto se concretaría a través de un proceso de licitación efectuado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Cuatro empresas internacionales participaron en el proceso de licitación, quedando siempre la infraestructura de servicio y comercialización en manos de Enacal.
Asimismo, también anunció que los sistemas de agua de las ciudades de Matagalpa y Jinotega, serían los próximos en entrar a un proceso de privatización de sus administraciones por un período de cinco años.
PROTESTAS DE CONSUMIDORES
Las protestas y plantones de los organismos de defensa al consumidor no se hicieron esperar, principalmente de parte de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, que también distribuyó volantes denunciando el hecho y realizó visitas casa por casa.
Mientras tanto, Enacal entregó a la Contraloría General de la República los fundamentos legales para efectuar la licitación de un contrato de gestión de los acueductos de León y Chinandega, que según la institución se basa en Reglamento de la Ley de Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillados.
ASAMBLEA PUSO EN “STAN BY” PRIVATIZACIONES
Sin embargo, la aprobación de parte de la Asamblea Nacional de la Ley de Suspensión de Concesiones de Uso de Agua detuvo los procesos de privatización tanto de la gestión administrativa del acueducto de occidente, como los de Jinotega y Matagalpa.
Sin embargo, el presidente Enrique Bolaños vetó esta nueva Ley, por lo esta situación quedó pendiente para el próximo año. No obstante, la Red Nacional de Defensa de los Consumidores anunció una convocatoria para abogados voluntarios que formularán una propuesta de Ley General de Uso de Agua.
LA LUCHA POR HIDROGESA
El 30 de abril, la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel) puso a la venta cuatro plantas eléctricas. Para esto creó dos empresas que manejarían dos plantas cada una a una: Hidroeléctrica de Generación S.A. (Hidrogesa) compuesta por las plantas Centroamérica y Santa Bárbara, así como por la empresa Generadora Central S.A (Gecsa) formada por las plantas térmicas Managua y Las Brisas.
Indicó que las empresas que participaron en este proceso fueron Coastal Power International, Luz y Fuerza de San Lorenzo S.A. (Lufussa) y Enron de Nicaragua.
Durante este proceso, la empresa Enron de Nicaragua no cumplía con la documentación necesaria que garantizara la fianza de dos millones de dólares de mantenimiento de oferta, algo que fue negado por sus ejecutivos.
Al día siguiente, la oferta de Enron de Nicaragua superó la de otros dos oferentes así como el precio mínimo de 35 millones de dólares que presentó el Gobierno, al ofertar por Hidrogesa 41.4 millones de dólares.
Sin embargo, las autoridades de ENEL no adjudicaron la empresa debido a un “incidente” que ocurrió con la documentación sobre la fianza de mantenimiento de oferta de dos millones de dólares.
Pese a que Enron presentó luego el documento corregido, Enel decidió adjudicar Hidrogesa a la Coastal International. Esto fue protestado fuertemente por la Enron.
CONTRALORÍA ANULA ADJUDICACIÓN
Esta empresa denunció ante la Contraloría General de la República (CGR) la ocurrencia de supuestos actos de nulidad durante el proceso de privatización cometidos supuestamente por (Enel) al momento de licitar Hidrogesa, que devino en la adjudicación de las plantas eléctricas a Coastal Power, obviando que esta empresa había hecho una oferta menor.
Posteriormente, la CGR denunció nula la adjudicación a favor de Coastal, argumentando que existía una contradicción entre el Comité de Precalificación y el de Adjudicación de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel) durante la licitación.
Sin embargo, en ese recurso de nulidad, la Contraloría reconoció otras irregularidades que involucraban a la Enron.
La contradicción a la cual se refirió el ente fiscalizar se basa en que el Comité de Precalificación calificó como apto para presentar oferta de compra a Enron pero su oferta, pese a que fue mayor, no fue aceptada por el Comité de Privatización.
No obstante, la Contraloría también reconoció que Enron no cumplió con el requisito de una garantía de mantenimiento de valor, tal y como decidió el Comité de Privatización.
DE VUELTA AL COMIENZO
Sorpresivamente, en octubre la disputa por el control de la planta eléctrica Hidrogesa volvió a su inicio, luego de que la CGR emitió una aclaración en la cual mantiene la nulidad del proceso de privatización, con la salvedad de que el órgano fiscalizador no mandó a corregir los errores ocurridos en dicho proceso, sino a que se dé una nueva licitación de Hidrogesa.
Esto fue celebrado por la Enron, quien luego de la primera declaración de nulidad, propuso que el proceso de licitación se efectuara desde el principio.
Sin embargo, los diputados de la Asamblea Nacional se encargaron de “echar un balde de agua fría” a la celebración de la Enron al aprobar la Ley de Suspensión de Concesiones de Uso de Agua.
No obstante, la lucha por Hidrogesa continúa el próximo año luego del veto a esta Ley de parte del presidente Bolaños.
