- El presidente Portillo, políticos, funcionarios de seguridad y hasta empresarios fueron objetos de críticas en 2002
ACAN-EFEy LA PRENSA
GUATEMALA.-Las denuncias de corrupción no han dejado de escandalizar a los guatemaltecos y alcanzaron la cúspide con la llamada “Conexión Panamá”, que involucró al presidente Alfonso Portillo y al vicepresidente Jun Francisco Reyes.
El diario “Siglo Veintiuno” reveló el 4 de marzo la presunta participación de Portillo y Reyes en la apertura de cuatro empresas y trece cuentas bancarias en Panamá, supuestamente para el lavado de dinero procedente de fondos públicos.
En las oscuras operaciones financieras fueron inmiscuidos también el cuñado de Portillo Juan Riley; el hijo de Reyes, Francisco Reyes Wyld, y el secretario privado de la Presidencia, Julio Girón.
Las denuncias generaron fuertes movilizaciones encabezadas por líderes políticos de oposición, prominentes empresarios, ex militares, académicos y defensores de Derechos Humanos integrados en el Movimiento Cívico por Guatemala.
Sin embargo, transcurridas tres semanas, las protestas decayeron y una campaña del Movimiento para recolectar un millón de firmas y exigir la salida de los dos mandatarios e instaurar un Gobierno de “transición” fracasó sin haber conseguido el objetivo.
Portillo, por su parte, negó ser propietario de cuentas y empresas en Panamá, y atribuyó las revelaciones que hizo la prensa a una conspiración.
Mientras, el vicepresidente Reyes admitió que posee cuentas en Panamá, Estados Unidos y otros países, porque es un empresario del transporte de carga, negocio al que se ha dedicado por 40 años, pero negó que alguna de ellas haya sido usada para “lavar dinero”.
El Movimiento Cívico también atacó a cerca de medio centenar de denuncias de corrupción en instituciones públicas, bajo investigación de la Fiscalía.
Los distintos desfalcos y malos manejos de fondos públicos sumaron pérdidas por al menos 500 millones de dólares, según diversas investigaciones periodísticas.
En el último informe de Transparencia Internacional sobre la Corrupción, Guatemala aparece en el número 81 entre los 102 países de la lista.
Los hechos atribuidos a Portillo y Reyes fueron investigados por separado por la Fiscalía, la Procuraduría General, la Contraloría General de Cuentas y el Congreso de la República, sin hallar evidencias contundentes en su contra.
La fiscal contra la Corrupción, Karen Fischer, desestimó el caso, cinco meses después de que estallara el escándalo por carecer de pruebas, tras un viaje que hizo a Panamá.
EMPRESA PRIVADA AQUEJADA POR EL MAL
En la disputa sobre corrupción, los empresarios no han salido ilesos, ya que a juicio del Presidente la corrupción también corroe al sector privado.
Al instituir la Comisión Nacional por la Transparencia y contra la Corrupción, el pasado día 9, Portillo recordó que un grupo de empresas financieras defraudaron hace cinco años casi mil millones de dólares a miles de inversionistas, sin que hasta la fecha haya habido una sola sentencia penal contra los responsables.
A juicio del mandatario, la corrupción está presente tanto en el sector público como en el privado, y es uno de los problemas más ancestrales y arraigados en este país.
DOS JUICIOS QUE CONMOVIERON A LA SOCIEDAD
-Dos acontecimientos importantes tuvieron lugar para la justicia guatemalteca este año, que emitió en cada uno de ellos fallos controversiales, y los cuales avivaron las dudas sobre la verdadera independencia del Poder Judicial en Centroamérica.
-Uno fue el juicio contra tres militares acusados de asesinar a la antropóloga Myrna Mack, concluido con la condena de uno de ellos, el coronel Juan Valencia, a 30 años de cárcel. Otros dos acusados, el general Edgar Godoy y el coronel Juan Oliva, fueron absueltos. Los militares, ahora retirados, ocupaban jefaturas en el Estado Mayor Presidencial (EMP) el 11 de septiembre de 1990, día del crimen. El EMP es señalado de abusos contra los Derechos Humanos.
-Tras una década de luchar por un juicio, la hermana de Mack, Helen Mack, había logrado ese fallo el 4 de octubre de 2002. “Estoy parcialmente satisfecha”, dijo Helen Mack tras escuchar la sentencia.
-Apenas unos días después, otro polémico fallo conmovía a Guatemala. Un tribunal de apelaciones anuló la sentencia condenatoria dictada 16 meses antes contra tres ex militares y un sacerdote por el asesinato del obispo auxiliar de la capital, Juan Gerardi, en abril de 1998. La Corte de Apelaciones ordenó la realización de un nuevo juicio.
-El abogado del acusado sargento mayor José Obdulio Villanueva, alegó vicios de forma, y el tribunal le dio la razón.
-Los otros procesados eran el coronel (r) Disrael Lima Estrada y su hijo el capitán Byron Lima Oliva, así como el sacerdote Mario Orantes, auxiliar de Gerardi en la céntrica parroquia de San Sebastián.
-El tribunal de primer instancia había condenado el 8 de junio de 2001 a 30 años de cárcel a los militares por el delito de ejecución extrajudicial en el grado de coautores.
-Orantes, por su parte, había recibido una condena de 20 años de cárcel por el delito de ejecución extrajudicial en el grado de cómplice.
LOS SEÑALAMIENTOS DE EE.UU.
El entonces secretario adjunto de Estado para Asuntos Interamericanos de EE.UU., Otto Reich, reavivó la polémica en septiembre al denunciar ante el subcomité de Asuntos Hemisféricos de la Cámara de Representantes, que “la corrupción gubernamental parece estar empeorando y las actividades para combatirla no parecen más que puras palabras”. “Los esfuerzos del Gobierno de Guatemala para luchar contra la corrupción han resultado ineficaces y han contribuido a incrementar el grado de desilusión con el Gobierno”, dijo Reich, quien también atacó el poco avance de los acuerdos de paz y las sospechas de colaboración de funcionarios con narcotraficantes.
