Batalla anticorrupción, unas de cal y otras de arena

El combate a la corrupción fue, en este año 2002, la bandera bajo la cual el gobierno de Enrique Bolaños se cobijó para justificar todas sus acciones. Para este fin se valió principalmente de la Procuraduría General de la República, la cual al paso de los meses, se convirtió en una institución que mantuvo un discurso implacable y un actuar con altibajos, igual que otras dos instituciones claves en la misma “guerra”: Contraloría y Fiscalía.

El discurso comenzó desde inicios del año, cuando el Subprocurador General de la República, Francisco Fiallos, dijo en febrero que “no le temblaría la mano” al ordenar investigar a Arnoldo Alemán por supuesto enriquecimiento ilícito. La frase le vino a propósito de una denuncia interpuesta en la Contraloría contra Alemán, donde se señalaba que éste no había reportado varias cuentas y bienes en su declaración de probidad como diputado nacional.

Del dicho, la Procuraduría pasó a los hechos. El 11 de marzo se puso al frente de una denuncia por fraude contra el estatal Canal 6 de Televisión, donde durante el período de Alemán se tejió una compleja red de contactos para despojar al Estado de 1.3 millones de dólares, los cuales una parte quedaron en manos de dos mexicanos amigos de Alemán, el ex embajador de México en Nicaragua, Ricardo Francisco Galán Méndez y Alejandro López Toledo y otra parte en una cuenta bancaria que alimentó cuentas del ex presidente en bancos de Panamá.

Al frente de este golpe estuvo designado el abogado Alberto Novoa. El caso estalló cuando la Policía Nacional capturó al ex secretario de Comunicación Social del gobierno de Arnoldo Alemán, Roberto Duarte, y al ex director Financiero de Canal Seis, Dagoberto Rodríguez.

LA JUEZ ARIAS

El caso llegó a manos de la juez suplente Gertrudis Arias, quien procedió a juzgar a altos ex funcionarios del pasado gobierno, incluyendo al ex presidente Arnoldo Alemán, quien desde entonces se cobijó en su inmunidad parlamentaria para evitar el juicio.

La Procuraduría de Justicia acusó en los Juzgados, por los delitos de fraude, peculado, malversación de fondos públicos y asociación para delinquir a seis personas, incluidos el ex Secretario de Comunicación Social, Roberto Duarte; a Sydney Alfred Pratt Reyes, ex director de Canal Seis; Dagoberto Rodríguez, ex gerente administrativo financiero de la televisora; Mayra Medina González, “socia” de la empresa panameña, Servicios Integrales Casco S.A., y los mexicanos Alejandro Antonio López Toledo y Ricardo Galán.

El 20 de marzo, la juez Arias dictó una sentencia histórica: cárcel para los acusados de cuello blanco y abrir proceso contra Alemán; Marta McCoy, diputada del Parlacen; Esteban Duque Estrada, ex Ministro de Hacienda; Ausberto Narváez, ex director del Instituto Nicaragüense de Turismo; Mario Medrano, ex director de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales; Salvador Quintanilla, ex director de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel); David Robleto Lang, ex director de Telcor y Armando José Bermúdez, ex director financiero de Enitel.

Con el paso del tiempo, en un giro inesperado, la Procuraduría empezó a tratar de revertir la sentencia dictada por la juez Arias y pedir libertad para la mayoría de los ex funcionarios. En la actualidad solo quedan presas tres personas por ese caso. El resto ha salido bajo fianza, bajo sobreseimiento provisional y casa por cárcel.

JEREZ A LA CÁRCEL

Apenas digería la nación las denuncias de corrupción en el caso del Canal 6, cuando otro suceso impactó a la opinión pública: Byron Jerez, poderoso ex director General de Ingresos, fue sorpresivamente capturado por la Policía Nacional.

El 23 de abril fue detenido al salir de sus oficinas en Managua. Checazos, malversaciones, fraudes, defraudación fiscal, notas de crédito y lavado de dinero, fueron las causas que llevaron a la Policía Nacional a detener a Jerez, y poner el caso en manos de la Procuraduría General de la República.

Nuevamente al frente estuvo Alberto Novoa, hasta que Jerez fue fulminado por fraude, asociación para delinquir, y otros delitos contra el Estado.

Fue el último gran trabajo de Novoa para la PGR: el 24 de mayo, su cabeza rodó por haber criticado a la Iglesia Católica, en un escándalo ligado a la entidad Coprosa, a la cual se señaló de haber recibido cientos de libres para vehículos de lujo que luego terminaban en manos de personas adineradas y vinculadas a grupos de poder político y económico.

Ese desliz contra Novoa, más una serie de errores jurídicos y palabras de descalificación contra los contralores, llevó a la Procuraduría a enfrentarse de manera intensa contra los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, quienes en reiteradas ocasiones denunciaron errores y desaires de la PGR y su titular Francisco Fiallos, quien en respuesta a críticas de los contralores, llamó “sabueso de Alemán” al contralor Guillermo Argüello Poessy.

El contralor, en una fuerte guerra verbal contra el desafiante Fiallos, llamó a éste “inútil” y le recordó la venta de una propiedad de Nicaragua en los Estados Unidos, de cuyo dinero hasta la fecha se manejan varias interrogantes sobre dónde fue a parar realmente.

Estas diferencias de Fiallos y la PGR contra los contralores, se extendieron a la Fiscalía General de la República, representada por Julio Centeno Gómez.

Centeno y Fiallos, fueron críticos acérrimos durante todos los casos que se ventilaron en los juzgados, llegando incluso a descalificar uno el trabajo del otro.

LLEGA LA HUACA

La imagen del gobierno y la del procurador Francisco Fiallos decayeron ante la opinión pública por la abrupta separación de Novoa. Por meses, la PGR mantuvo una precaria credibilidad, basada en el anuncio constante de “denunciar” nuevos actos de corrupción y presentar pruebas contra Alemán y sus familiares metidos en casos oscuros.

Así, de señalar a Alemán la PGR pasó a hostigar a sus familiares como Amelia Alemán, María Fernanda y sus hijos menores. Justo cuando ya la PGR perdía la atención de la opinión pública se anunció el caso del año: “la huaca”.

El siete de agosto en la noche, en medio de una expectativa nacional provocada por el anuncio bien publicitado de un gran robo descubierto a Alemán, la Procuraduría destapó el más grande caso de corrupción denunciado hasta la fecha, y que pudo haberle costado al país en cinco años al menos 1,400 millones de córdobas.

El caso pasó a los juzgados bajo la acusación de lavado de dinero, fraude, malversación de caudales públicos, asociación para delinquir y otros.

El voluminoso expediente llegó a la Juez Primero de Distrito del Crimen, Juana Méndez, quien tras atrasar la sentencia por unos días, dictaminó el 11 de septiembre que sí existió el lavado de dinero, y ordenó abrir causa contra Alemán, así como impulsar la investigación por delitos electorales.

En la misma sentencia Méndez fulminó con auto de prisión a los procesados Amelia Alemán Lacayo, Álvaro Alemán Lacayo, Mayra Estrada de Alemán, Arnoldo Alemán Estrada, Ethel González de Jerez y Valeria Jerez González, por ser autores de los delitos de peculado y asociación e instigación para delinquir en perjuicio del Estado de Nicaragua.

La juez Méndez también ordenó abrir proceso por los ilícitos de fraude, malversación de caudales públicos, peculado, asociación para delinquir y delito electoral en contra de Gerónimo Gadea, Pastor Sebastián Martínez Reyes, Gilberto Wong Chang, Roberto Vassalli, Jorge Castillo Quant, Oscar Moreira y José David Castillo Sánchez. Todos ellos del PLC.

La Procuraduría se mostró sorprendida por el fallo, ya que no esperaban que de su propia denuncia, saliera una acusación contra el presidente Enrique Bolaños por delitos electorales.

Mientras el caso de la “huaca” se desarrollaba, la Fiscalía, que había acompañado a Procuraduría en los otros casos judiciales, descubrió indicios de una gigantesca transferencia de fondos públicos y privados a la cuenta del PLC para cubrir la campaña electoral de Enrique Bolaños, contraviniendo de esta manera la Ley Electoral.

María Lourdes Bolaños, al frente de la investigación, descubrió que incluso existían cheques librados a nombre del propio Bolaños, y por medio de su fiscal auxiliar, Blanca Salgado, puso la denuncia y acusación por delitos electorales contra 32 personas, incluyendo el presidente Bolaños y el vicepresidente José Rizo. El caso sigue su curso en el juzgado primero de distrito del crimen de Managua.

NEMAGÓN SALPICA A FIALLOS

Uno de los principales casos que afectó la credibilidad de la Procuraduría y que puso en tela de duda la lucha contra la corrupción contra el propio gobierno, fue el caso del supuesto tráfico de influencia por parte de la Procuraduría en la demanda multimillonaria de miles de campesinos de occidente contra empresas multinacionales de Estados Unidos que usaron, produjeron y aplicaron el pesticida conocido como Nemagón en las bananeras de Chinandega.

En este caso, el equipo técnico de la Procuraduría emitió un dictamen técnico sobre la ley 364, ley especial que protege a las víctimas del Nemagón, donde afirmaba que dicha ley era inconstitucional. El dictamen, que fue solicitado por Estados Unidos a la cancillería de Nicaragua, fue enviado por Fiallos al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Escobar Fornos, con la solicitud escrita de que lo pasara a los jueces civiles que veían el caso “para ilustrarlos”.

El caso motivó fuertes protestas de los afectados, quienes pidieron la cabeza de Fiallos y se apostaron frente a la Presidencia hasta esperar una respuesta positiva. Al final Fiallos se retractó del dictamen y acusó a la Presidencia de haberlo presionado para emitir ese dictamen.

CGR: UNA DE CAL, DOS DE ARENA

Otra de las instituciones claves en la lucha contra la corrupción, que igual que la Procuraduría y la Fiscalía se vio indecisa y errática en su actuar en este año 2002, fue la Contraloría General de la República, ente fiscalizador del Estado.

A inicios de año, la CGR sorprendió al país al anunciar una auditoría “especial” a la declaración de probidad del ex presidente, Arnoldo Alemán, y determinar por qué no declaró bienes y acciones de sociedades en las que tienen participación él y su esposa, María Fernanda Flores.

La investigación no ha concluido, igual que otras grandes auditorías que todo el año pasaron investigando y que no dieron a conocer o cambiaron sus resoluciones preliminares, como es el caso de la auditoría al presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas y el helipuerto que Alemán se mandó construir en su casa.

Igual ocurrió con la auditoría al caso del Canal 6, el cual pasó meses en proceso, hasta que salió cuando ya la suerte estaba echada para los indiciados y acusados.

Otros casos de corrupción cuyas denuncias salieron de iniciativas personales de algunos contralores, jamás salieron a luz pública sus resultados finales, y los mismos se quedaron sólo en eso: denuncias y filtraciones. Así las cosas, la CGR amenazó con el caso de los checazos, del IDR, de Aduanas, del Canal 6, del Inss, de los estipendios, de Enitel, etcétera.

Ante la insistente pregunta de cuándo terminarían sus investigaciones, la respuesta fue siempre la misma: no hay recursos para trabajar más rápido.