- Gobernación, Policía, el Poder Judicial, alcaldías y el Poder Electoral con cientos de denuncias cada uno
Mariela Fernández [email protected]
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) señaló el viernes al gobierno y sus instituciones como los principales violadores de los derechos humanos de los nicaragüenses, en el período 2001-2002.
La Procuraduría reveló esta información durante su informe anual ante el Plenario de la Asamblea Nacional, en el cual confirman las constantes violaciones a los derechos humanos de la población en general por parte del gobierno.
Dentro del gobierno, las instituciones que más violaciones han cometido son el Ministerio de Gobernación con 1,587 denuncias, Policía Nacional 1,132, Poder Judicial 775, gobiernos locales 495, Poder Electoral 300.
Mientras que el Ministerio del Trabajo registra 231 denuncias, el Ministerio de Salud 127, el Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente 101.
Entre los derechos que más se violentaron, señaló los derechos individuales, con 1,371 casos tramitados; Derechos de Familia, 426, y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 370.
Pérez también señaló a los funcionarios que se negaron a cooperar con la PDDH, entre los que destacan la Juez II de Distrito de lo Penal, Managua, Ileana Pérez; el Juez Séptimo de Distrito Penal de Managua, Sabino Hernández; comisionado Luis Muñoz Morales, Jefe de Policía del Distrito Cinco, y Roberto Calderón, Inspector General del Ejército, entre otros.
El Procurador de los Derechos Humanos, señaló que del total de las denuncias efectuadas, sólo 502 le correspondían dar trámite a la institución, de éstas fueron resueltas 352, por lo cual Pérez aprovechó para solicitarle a la Asamblea Nacional un aumento al presupuesto de la entidad para brindar una respuesta más eficiente a la población.
FALTA DE JUSTICIA, ENCABEZA VIOLACIONES
El titular de la PDDH, Benjamín Pérez, señaló que durante el período 10 de noviembre del 2001 al 10 de noviembre del 2002 se registró una serie de violaciones en contra de la población, entre las que destacan la violación del derecho a la justicia pronta y eficiente, el respeto a la integridad física y psicológica de los habitantes, derecho a la inviolabilidad del domicilio, y ausencia de la seguridad ciudadana en las zonas rurales del país.
Así como el comportamiento inadecuado con la niñez y la adolescencia, mujeres y adultos mayores, el incumplimiento de la legislación laboral, la ineficiencia en la prestación se servicios públicos esenciales, falta de apoyo del gobierno a los grupos sociales tal es el caso de personas afectadas con Nemagón, asbestosis, buzos, problema de la caficultura, entre otros.
