Oscar Alvarez [email protected]
La propuesta de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional de reducir el salario de los funcionarios del Poder Ejecutivo establecida en el dictamen del Presupuesto 2003, para el empresario Manuel Ignacio Lacayo, es producto del revanchismo político que hay en el Parlamento.
Para Lacayo hay otros motivos detrás de la propuesta de reducción salarial, ya que de no ser así, no hubiesen aprobado el aumento a instituciones como el Consejo Supremo Electoral. “Es revanchismo contra el Ejecutivo, porque de lo contrario ellos mismos (los diputados) se hubieran reducido el salario”, recalcó.
Señaló que el principal problema en la Asamblea Nacional es que los diputados fueron puestos “al dedazo” por el ex mandatario Arnoldo Alemán, en un sistema de elección por cascada, contrario a lo que pasa en otros países como Estados Unidos, donde los congresistas ocupan sus puestos a través de una elección popular.
Dijo que otro hecho que revela las contradicciones de la Asamblea Nacional con el Ejecutivo es la intención de diputados sandinistas y liberales “arnoldistas” de solicitar la destitución de Pedro Solórzano como titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura.
“Solórzano representa a señores del gran capital de Nicaragua, que no necesariamente son amigos del FSLN. En la campaña él (Solórzano) arremetió muy duro contra los sandinistas, y los políticos tienen buena memoria”, aseguró Lacayo.
Sin embargo, el empresario considera que Solórzano no debió ser nombrado para un cargo tan importante, ya que las quejas de los productores y del pueblo en general acerca de su gestión, están a la vista. “Nunca el sistema de carreteras ha estado tan mal como ahora”, finalizó.
INVASIÓN DE PODERES
Por su parte, Silvio Américo Calderón, Magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE), dijo que la Asamblea Nacional al tratar de imponer una reducción salarial a los funcionarios públicos, invade las esferas del Poder Ejecutivo y el resto de poderes del Estado.
También dijo que los salarios actuales de los funcionarios públicos son un derecho adquirido, y si la Asamblea Nacional desea imponer la regulación a los mismos, primero se tendría que reformar la Constitución y pasar de un sistema de gobierno presidencialista a uno parlamentario.
En el caso que la reducción salarial se apruebe, existe la posibilidad de que el magistrado interponga un recurso de amparo para anular tal disposición de la Ley del Presupuesto de la República.
“Lo hago desde un punto de vista legal, institucional. No podemos incorporar a estas alturas reformas en beneficio de una imagen electorera, sino de respetar los preceptos constitucionales, porque no es potestad de la Asamblea decir cuánto deben ganar los funcionarios”, afirmó.
