- CGR averigua pagos millonarios que autorizó Mario Garache (ahora titular de Fosovi) al abogado Pablo Beteta
Eduardo Marenco [email protected]
Mario Garache Castellón, quien autorizó millonarios pagos al abogado Pablo Beteta cuando fungió como gerente general de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel), fue nombrado por el presidente de la República Enrique Bolaños, en julio pasado, Presidente de la Junta Administradora del Fondo Social de Vivienda (Fosovi), a pesar de que se encuentra pendiente un pronunciamiento de la Contraloría sobre los contratos aprobados por Garache a favor de Beteta.
El cuatro de julio pasado el presidente Bolaños hizo público en Casa Presidencial el nombramiento de Garache Castellón, quien administró Enel cuando el mandatario era presidente de su Junta Directiva.
El abogado Pablo Beteta se hizo famoso en meses pasados cuando se descubrió que por asesorías legales recibió pagos que totalizaron entre sesenta y setenta millones de córdobas, por parte de las empresas estatales de telecomunicaciones (Enitel), Enel, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Instituto Nicaragüense de seguridad Social (INSS). La Alcaldía de Managua le impuso un reparo por más de tres millones de córdobas al no declarar dichos ingresos al fisco municipal.
La Ley de Contrataciones del Estado establece que toda adquisición de bienes o servicios mayor a los C$200,000 debe ser objeto de licitación, lo que no ocurrió con ninguno de los contratos que Beteta hizo con el Estado nicaragüense, según se denunció ante la Contraloría. Agustín Alemán Lacayo, ex director jurídico de la Presidencia, fungió como notario en varios contratos elaborados por Beteta.
Garache Castellón, como gerente de Enel, firmó cuatro contratos con Beteta que sumaron C$3.39 millones sin que mediara licitación alguna, según un informe preliminar de la Contraloría, institución que indagó el tema.
Un memorándum interno del entonces presidente de la Junta Directiva de Enel, Mario Montenegro Castillo, suscrito el ocho de noviembre de 2000, habla de anteriores contrataciones de Beteta, entre mayo y agosto de 1998, en el orden de los C$4.75 millones, por asesoría a la comisión negociadora del convenio colectivo de trabajo 1998-2000, integrada, entre otros, por Garache Castellón.
Igualmente, en agosto y septiembre de 2000, Beteta recibió pagos de Enel por la suma de C$1.300.000.00 por asesoría legal para asuntos laborales. Y, finalmente, en una carta del 17 de agosto de 2000, suscrita por Garache, se afirma que la Junta Directiva de Enel le autorizó contratar a Beteta por C$5.5 millones por servicios profesionales en materia laboral, incluyendo los pagos ya señalados.
Después de tres meses del actual nombramiento de Garache, el presidente del Instituto de Vivienda Urbana y Rural (Invur), Róger Lacayo, se comunicó con el presidente de la Contraloría, Francisco Ramírez Torres, para conocer si cuatro personas que serían nombradas en la Junta Directiva de Fosovi, tenían sus cuentas en regla con el órgano de control, para de esta manera “poder aclarar con certeza sus calidades morales, y evitarnos situaciones que en el futuro puedan perjudicar a nuestra institución”.
La Contraloría contestó señalando que a Garache se le notificó hallazgos de la auditoría sobre los millonarios contratos de Beteta. LA PRENSA no logró conocer el contenido de los hallazgos y fue imposible comunicarse con Garache.
Lacayo declinó hacer comentarios, sino hasta hoy en su oficina, pues dijo estar enfermo.
“Si no aclara los hallazgos se le establece algún tipo de responsabilidad, de lo contrario no”, dijo por su parte el contralor Ramírez, quien prefirió entrar en detalles hoy lunes, pues acaba de regresar al país.
