- Por primera vez en 20 años, un gobierno colombiano tiende una mano negociadora hacia las agrupaciones de derecha, responsables de miles de muertes
- Amnistía para los “paras” es posible, afirma ministro, pero habrá dificultades para que ciudadanos y la comunidad internacional lo acepten
AP
BOGOTA.- En su férrea batalla por recuperar la seguridad para los colombianos, el presidente Alvaro Uribe abrió un nuevo e inesperado frente en el largo conflicto armado: la negociación con los paramilitares.
Por primera vez en sus 20 de años existencia se busca un diálogo con las fuerzas de extrema derecha, cuya principal razón de ser ha sido combatir a las guerrillas, en lo que consideran su deber de llenar un vacío dejado por las autoridades.
Uribe ya impuso una condición de antemano para este eventual proceso de paz, “que tiene darse a partir de un compromiso para no asesinar a un colombiano más’’.
Este requisito en alguna medida sería cumplido con la declaratoria a partir de diciembre de un cese de hostilidades de dos meses por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), mientras se consolidan las bases de un pacto de desmovilización.
Sin embargo, la negociación enfrenta varios obstáculos en el camino. De partida, un acuerdo con los paramilitares sería muy complicado de aceptar para muchos sectores del país y la comunidad internacional, que ven en Carlos Castaño y sus hombres el sinónimo de la barbarie de la guerra, que cobra unos 3,500 muertos al año.
Las masacres de decenas de supuestos colaboradores de las guerrillas fueron un sello de las AUC en sus primeros años.
Además, Castaño ha reconocido en su libro biográfico “Mi Confesión’’ haber ordenado los asesinatos del candidato presidencial de izquierda Carlos Pizarro y de los parlamentarios Manuel Cepeda y Jairo Rojas.
Bajo el supuesto de que el proceso de paz avanzara, el ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño, reconoció que se deberían contemplar fórmulas de amnistía para sus miembros que se desmovilicen.
También Estados Unidos y la Unión Europea consideran a este grupo como terrorista. En el caso de Washington, la situación se complica, porque Castaño y el comandante Salvatore Mancuso han sido solicitados en extradición por narcotráfico.
Otro escollo a la desmovilización sería el destino de los más de 8,000 hombres combatientes de las AUC. La absorción de estos paramilitares requeriría un esfuerzo de toda la sociedad, muy complejo tanto por la estrechez de las finanzas públicas como por la posición en que quedarían frente a las guerrillas.
UN ALTO COSTO
“Si el costo de negociar con los paramilitares es dejarlos en la impunidad es un costo muy alto”, dijo a la AP el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Harvey Suárez.
“Hay que ver cuál es el sacrificio que el país está dispuesto hacer. Nuestra principal preocupación es cómo se llevarían a efecto los procesos de reconciliación, justicia y reparación’’, agregó.
