William Briones Loáisiga [email protected]
La contratación de Ausberto Narváez, como asesor de Leda Sánchez, Directora Ejecutiva interina del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), cuando aún enfrenta causa judicial por su participación en la supuesta defraudación al Estado por 1.3 millones de dólares, provocó encontradas reacciones de diputados ante la Asamblea Nacional.
Gustavo Porras, de la bancada del FSLN, dijo no estar convencido si jurídicamente es válido nombrar en el Ejecutivo a una persona que afronta causa judicial, pero contrastó las experiencias de los trabajadores de la salud. “Cuando les abren causa a los trabajadores de la salud, los suspenden (de sus puestos) hasta que diluciden el asunto y él (Narváez) tiene causa abierta. Esto debe ser de acuerdo a las leyes, y si éstas indican que mientras tenga causa pendiente no puede ser contratado, no debe serlo”, comentó.
“Moralmente, creo que el gobierno se está enredando. Igual como dice que deben desaforarse a Alemán y que esto no es para determinar culpabilidad o inocencia, sino para que responda (a las acusaciones), y que son los tribunales los que van a decir si es culpable o inocente, exactamente así debe actuar en el caso de Narváez, que la justicia determine su inocencia o no, y que después tome las medidas pertinentes”, agregó.
Según Porras, el Ejecutivo debe abandonar la práctica de crear un puesto de asesoría “para ubicar en cualquier circunstancia a quien sea de su interés. Se le nombra asesor de algo, y a ganar fácil 8,000 dólares, mientras en el presupuesto se cierran 700 plazas de maestros”, dijo.
David Castillo de la bancada del PLC, dijo tener un buen concepto de Narváez “Es un concepto de hombre correcto, capaz, y después de la barbaridad que sufrió en ese ambiente inquisitorio, se le determinó cuerpo del delito que no estaba debidamente sustentado. Creo que lo más justo es que le restituyan en su puesto”, dijo.
DECISIÓN IMPRUDENTE
Miguel López, de la bancada Azul y Blanco, consideró imprudente la decisión gubernamental. “Esa decisión le corresponde al Ejecutivo. Creo que por prudencia se debió esperar el fallo definitivo para poder contratarlo sin ningún problema. No soy abogado, y, por tanto, no sé si tiene suspendido sus derechos, no estoy seguro si eso (la pérdida de los derechos ciudadanos) es cuando está en las cárceles o cuando hay sentencia firme, pero tal vez no es necesariamente un error del Ejecutivo, pero creo que debió ser prudente”, insistió
Víctor Guerrero, del PLC, consideró que “al no tener sobreseimiento definitivo, sus derechos están suspendidos. Como nicaragüenses, todos tenemos derecho al trabajo, pero creo que la juez debe emitir un comunicado expresando si está de acuerdo o no con la decisión del Ejecutivo”, opinó.
Agustín Jarquín, de la bancada del FSLN, quien se manifestó amigo de Narváez, aseguró que no existe incompatibilidad entre la situación legal de éste y el nombramiento en el Intur.
