Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
El gerente general de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), Carlos Ramos, se reunió ayer durante cuatro horas con los contralores colegiados para intentar convencerlos de que el proceso de privatización del 40 por ciento de la telefónica fue “ limpio y transparente”.
Ramos, sin embargo, descalificó el dictamen de la Dirección Jurídica de la Contraloría, que señala que hubo irregularidades en el proceso de privatización, y recomienda denunciar de nulidad la venta de las acciones de Enitel y establecer responsabilidades penales, civiles y administrativas contra Salvador Quintanilla, Esteban Duque Estrada, Roberto Vassali y Agustín Alemán.
“Pudimos exponer lo que es la historia de la privatización y los diferentes eventos que han ocurrido en este año, lo hemos hecho muy documentado, para poder desvirtuar cualquier problema de entendimiento sobre documentos que son por su naturaleza bastante confusos de entender”, dijo Ramos al salir de la reunión con los contralores.
Ramos insistió en que el proceso de privatización es muy complejo, que tiene muchos documentos, y que si se pierde el rastro de uno de ellos se puede concluir “cosas que no son las apropiadas”.
Dijo que sus abogados nacionales y extranjeros ven que hay un proceso “muy complejo, pero muy correcto”, y duda que se pueda concluir que debe declararse nulo el proceso de privatización.
DICTAMEN SUGIERE NULIDAD
Según el análisis jurídico que tiene en este momento la CGR, el hecho de que sólo haya participado un oferente en la etapa de licitación “extinguía jurídicamente todo concurso”. “Únicamente se observó la participación de varios oferentes en la etapa de precalificación, mas no en la etapa de licitación, por lo que se debió declarar desierta la referida licitación, ante la falta de una verdadera competencia de ofertas que hubiera garantizado un mejor precio y calidad para los intereses del Estado. Todo acto o enajenación sin el correspondiente concurso de oferentes será nulo”, dice el dictamen.
“Nosotros como inversionistas le estamos pidiendo a la Contraloría que se pronuncie en derecho a lo que corresponde”, señaló Ramos.
Por su parte el contralor Guillermo Argüello Poessy, dijo que durante la reunión con Ramos se le preguntó sobre todo lo que para los contralores representan dudas del proceso de privatización.
ANALIZARÁN INFORMACIÓN
Entre esas dudas figura el hecho de que la empresa a la que se le adjudicó el 40 por ciento de las acciones de Enitel, debía tener un capital de 90 millones de dólares, y el capital del Consorcio Telia apenas era 11 millones.
Además, se le consultó sobre el requisito que establecía que las empresas que se disputaban el 40 por ciento de las acciones, debían tener por lo menos tres años de experiencia en servicios de telecomunicaciones, 300 millones de dólares en facturación, un mínimo de 300 mil suscriptores, y el consorcio Telia, de acuerdo con el dictamen jurídico de la CGR, no cumplía con ello.
Al final, Argüello dijo que todas las explicaciones dadas por Ramos serán analizadas por los auditores y por la Dirección Jurídica de la Contraloría para emitir luego una resolución definitiva sobre el caso de la privatización de Enitel.
