Juan Emilio Velázquez Godínez
Invito a la reflexión a la juez Juana Méndez, en su propuesta que ella y sus compañeros desean presentar a magistrados de la CSJ en cuanto a la entrada en vigencia de los nuevos códigos Procesal y Penal.
El presidente Bolaños y la empresa privada están interesados en atraer inversiones extranjeras para combatir el desempleo, y uno de los puntos principales que busca un inversionista es seguridad jurídica. Los contractuales códigos en vigencia no representan para un inversionista ni la mínima parte de seguridad.
La investigación del delito tiene que hacerla la Fiscalía, tanto en lo teórico como en lo práctico. La Policía, en este caso la DIC, tiene que estar supeditada a la Fiscalía.
Nicaragua será el último país de Centroamérica en estrenar legislación penal. En los países hermanos han sido reformados totalmente los códigos penales. Ningún juez ha sido cesado, si es ese su temor. En el camino se “liman asperezas” para llegar al profesionalismo judicial.
Hay miles de casos que la DIC no ha querido investigar, ¿por qué? Con la nueva ley las cosas cambiarán. No hay que temer a los cambios. Testigos falsos, capturas caprichosas y otros, se terminarían.
