- En Muy Muy está otorgando tierras ajenas a miembros de esa comunidad
Luis Eduardo Martínez M.CORRESPONSAL / MATAGALPA [email protected]
Además de las dificultades para obtener financiamiento y trabajar sus propiedades, algunos productores ahora tienen que solucionar problemas judiciales, en un intento por recuperar sus bienes legalmente adquiridos, mismos que, sin soporte alguno, están siendo otorgados por directivos de la Comunidad Indígena de Muy Muy a supuestos miembros de dicha comunidad.
Las demandas de los productores afectados, por restitución de bienes inmuebles, se iniciaron con un juicio entablado por la señora Belma Rojas Matus, cuya propiedad, ubicada en el municipio de Matiguás, “había sido otorgada con escritura” a terceras personas, mediante el argumento de que “estas tierras son de la Comunidad Indígena y se pueden ceder, vender o dar en arriendo a miembros que pertenecen a la comunidad en mención”.
La Comunidad Indígena de Muy Muy, legalmente, perdió el caso, sin embargo, continúa otorgando documentos sobre tierras que no le pertenecen, lo que está provocando conflictos a los verdaderos dueños que dejan de producir por dedicarse a recuperar sus tierras mediante la vía judicial.
José Ernesto Gutiérrez Roque, uno de los abogados que entabló demanda en contra de la Comunidad Indígena de Muy Muy, manifestó que lo más grave del asunto es que en el Registro de la Propiedad de Bienes Inmuebles, en Matagalpa, se están inscribiendo escrituras sin que se presente la legalidad de los actuales directivos de esa comunidad.
Antonio Arauz Centeno, cuya propiedad se ubica en el municipio de San Ramón, es otro de los productores que mantiene un conflicto con la Comunidad Indígena de Muy Muy, la que argumenta que el terreno en poder de los Arauz, “es terreno comunal”.
Situación similar enfrenta el señor Evenor Valdivia, a quien unos “indígenas” procedentes de Estelí, le invadieron unas 40 manzanas de tierra ubicadas en el municipio de San Isidro.
LLAMADO URGENTE
Estos productores hacen un llamado al Ministro de Gobernación y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que tomen cartas en el asunto y que procedan a detener estos abusos que se cometen por parte de algunos directivos de ciertas comunidades indígenas de este departamento.
