- Desmiente posible anulación de las elecciones del 2001, pero reconoce posible destitución del mandatario y vicemandatario
Luis Felipe Palacios [email protected]
El jurista y director del grupo cívico Ética y Transparencia, Roberto Courtney, examinó ayer las posibles consecuencias que puede ocasionar la denuncia presentada este martes por el fiscal Julio Centeno Gómez contra el presidente Enrique Bolaños, el vicepresidente José Rizo y otras 30 personas.
De acuerdo con su opinión y fundamentado en los artículos 63, 64, 73 y 74 de la Ley Electoral, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), podría perder su personería jurídica por no reportar los fondos de su campaña al Consejo Supremo Electoral y a la Contraloría General de la República.
“Los partidos políticos están, según el artículo 63, obligados a ser probos y transparentes y reportar al CSE y a la Contraloría sus finanzas, y al violarlo, al no hacerlo, la única penalidad existente es la posible suspensión o cancelación de su personería jurídica por el CSE, en otras palabras no hay penalidades a personas naturales por problemas de reportes”, explicó.
MUCHOS RESPONSABLES
Advirtió sin embargo que el otro delito que se imputa en la denuncia de la Fiscalía sobre el uso de dinero ilícito o de procedencia anónima en la campaña electoral pasada —según artículo 105 y artículo 107 de la Ley Electoral— puede ocasionar responsabilidades a las autoridades electas y en menor grado a las personas jurídicas que aportaron fondos.
“La ley dice claramente que por recibir dinero ilícito o anónimo y utilizarlo en una campaña, sólo pueden ser responsables los que dan, sean personalidades jurídicas o naturales, y el partido que los recibe y sus autoridades”, aseguró.
Courtney, quien es director ejecutivo del organismo de observación electoral Ética y Transparencia, indicó que el capítulo sobre delito electoral señala que las personas naturales que hicieron contribuciones no pueden ser candidatas a un cargo público en un futuro, y que las personas naturales ya electas pudieran ser removidas de su cargo.
“Esas autoridades que recibieron los fondos estarían sujetas a la remoción de sus cargos en caso de haber sido electo, o a la inhabilidad de correr para cargos públicos por un período determinado”, apuntó.
“Los delitos de dinero ilícito o anónimo solamente afectan al partido y sus dirigentes y a las personas que efectuaron la contribución”, añadió.
¿CESAR FUNCIONES?
Según el análisis de Courtney, de llegarse a comprobar el delito electoral en las 32 personas denunciadas, tanto Bolaños como Rizo podrían cesar en sus funciones, no obstante el jurista prefirió dejar esa interpretación a la Corte Suprema de Justicia.
“No me corresponde sustituir instituciones o instancias. No estoy para decirle a la Corte lo que debe hacer”, justificó.
Desmintió, sin embargo, que las elecciones generales celebradas en el 2001 puedan anularse, porque ese es un hecho ya consumado.
“Lo único posible es la remoción del cargo y suspensión de personería jurídica, inhabilitación de ciudadanos para postularse en futuras elecciones, pero no anular elecciones”, reiteró.
