- Alcaldes de Nueva Segovia exponen la forma en que trafican madera utilizando documentación oficial
- Piden a procurador Francisco Fiallos perseguir y castigar también la corrupción en la explotación maderera
Alina Lorío L.CORRESPONSAL/ [email protected]
Fuertes presunciones de corrupción expresaron los alcaldes de Nueva Segovia alrededor de los trámites de permisos y emisiones de guías para la extracción de madera en los bosques de pino de este departamento. La preocupación la plantearon en una reunión que éstos sostuvieron recientemente con el procurador general de la República en funciones, Francisco Fiallos.
Las denuncias, una tras otra, de los ediles de Mozonte, San Fernando, Dipilto, Ocotal, El Jícaro y Wiwilí, se fundamentaron en la violación a la autonomía municipal cuando madereros, y hasta el mismo Inafor, entran en fricciones por las emisiones de autorización para explotación maderera.
Carlos Alexander López, alcalde de Mozonte, denunció que ha sido amenazado de muerte por impedir el tráfico ilegal y masivo de madera en los últimos días, mientras el Inafor autoriza la actividad por encima de las disposiciones del gobierno municipal.
Sostuvo que los intermediarios madereros muchas veces solicitan permisos de 100 metros cúbicos de madera y extraen 500, 1,000 y hasta 2,000 metros cúbicos y, con una misma guía sin fecha, extendida por el Inafor, hacen hasta 10 viajes (camiones cargados de madera en rollo), evadiendo los impuestos nacionales y municipales; pero, además, sobre-explotando el recurso forestal.
Una guía es un permiso que extiende el Inafor para transportar la madera. Ésta contiene el nombre del propietario de la madera, cantidad, fecha de emisión de la guía, nombre del conductor del vehículo y dónde será transportada.
El edil de Mozonte insistió en dirigir sus críticas al Inafor, en el caso específico de los camiones retenidos por la municipalidad, por transportar madera sin la documentación respectiva o con documentación alterada.
“En 72 horas —según la Ley— fácilmente consiguen una remisión y legalizan el viaje de madera las veces que deseen. Los alcaldes y la Policía quedamos burlados y con nuevos enemigos”, manifestó el edil, quien coincidió con todos sus homólogos de Nueva Segovia.
El ingeniero Edward Centeno, alcalde de Ocotal, fue enfático al decir que “cuando se detiene madera de forma ilegal, como por obra y gracia del Espíritu Santo aparece, horas después, una guía. Es un indiscutible acto de corrupción; es decir, señor Procurador, la corrupción también está en la explotación de los bosques de pino y hay que perseguirla”.
EXHORTAN A IMPONER “MANO DURA”
Por su parte, el licenciado Víctor Cáceres, vicealcalde de Ocotal, también denunció que a solicitud de pruebas de la Procuraduría Ambiental y la Procuraduría de Derechos Humanos, recientemente presentaron constancias de retención de madera firmadas por la Policía Nacional y la Alcaldía respectiva, pero ahora no aparecen.
En tanto, el licenciado David Lovo, secretario departamental de la Presidencia, se pronunció de forma enérgica en respaldo a las demandas de los alcaldes de Nueva Segovia y consideró necesario que el Inafor “ponga mano dura a la deforestación, consecuencia del libertinaje”.
Coincidió con la iniciativa el ingeniero Edward Centeno, alcalde de Ocotal, quien dijo que la falta de coordinación interinstitucional ha provocado el desorden y la corrupción en la explotación forestal, “porque desafortunadamente cada quien cree que puede hacer lo que se le ocurra”.
VOLUNTAD DE ACTUAR
El doctor Francisco Fiallos, procurador general de la República, confesó que es del conocimiento público, y de mucho tiempo atrás, “que la corrupción está ahí y todo hace entrever que existe una organización mafiosa que extiende los permisos furtivos para la explotación maderera en beneficio no sólo de los madereros ilegales, sino de otras personas que están en el negocio”.
Fiallos prometió el pasado lunes a los alcaldes “actuar con toda la eficiencia que sea posible para evitar que se sigan deteriorando los recursos naturales que tan vulnerables están en esta región del país”.
Por su parte, el ingeniero Ramiro Saborío, subdirector ejecutivo de Inafor, exteriorizó la posición de la institución que representa: “Quiero aclarar que Inafor no avala, no acepta, ni avalará, ni aceptará el tráfico ilegal de madera”.
Saborío aceptó que “el tráfico ilegal de madera es un problema que existe a nivel nacional y es una mafia que sólo la droga supera en orden de importancia”.
AMENAZADOS DE MUERTE
Los alcaldes de Nueva Segovia que han intentado detener el tráfico ilegal de madera en esa zona, han sido amenazados de muerte, lo que revela la existencia de una mafia bien organizada para este fin, denunció el edil de Mozonte, Carlos Alexander López.
