- Selva y Solís hablan de “prorrogar” el período de las actuales autoridades hasta julio del año próximo
Ary Neil Pantoja [email protected]
A tres días de realizarse la elección de nuevas autoridades internas, el Poder Judicial parece aproximarse a una profunda crisis, pues ayer los magistrados Rafael Solís y Guillermo Selva, lanzaron la propuesta de “prorrogar” el período de los actuales mandos judiciales hasta julio del próximo año, lo que calificó de “inconstitucional” la magistrada Alba Luz Ramos.
Ramos incluso consideró que tal propuesta es una forma de obstaculizar su candidatura a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por parte de sus colegas que apoyan la reelección de Iván Escobar Fornos. Sin embargo, Escobar rechazó la propuesta y dijo desconocerla totalmente.
¿PRÓRROGA O REELECCIÓN?
Algunos magistrados hasta se mostraron desconcertados con la propuesta, como es el caso de Carlos Guerra, presidente de la Comisión de Carrera Judicial, quien dijo que entendía la propuesta como una “reelección” de todas las autoridades, incluyendo la de vicepresidente y presidentes de salas y comisiones.
No obstante, el magistrado Rafael Solís lo que planteó fue una especie de “acuerdo” para dejar a las actuales autoridades en sus cargos (incluyendo a los presidentes de salas y comisiones), y que se realice una verdadera elección el próximo año, una vez que se elija a los otros cinco magistrados que hacen falta y a los cuatro que se les vence el período en julio próximo.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el presidente y vicepresidente se eligen con la mayoría relativa, es decir con nueve magistrados. En ninguna parte establece prórroga de los cargos.
Mientras tanto, el presidente de la CSJ, Iván Escobar, dijo que la reunión para la elección de autoridades va el próximo viernes y que, de no darse la elección por cualquier motivo, el lunes 28 de octubre asumirá la presidencia el primer vocal, es decir el magistrado Guillermo Vargas Sandino, aclarando que esta presidencia es sólo para cuestiones administrativas.
Un impasse en la elección del resto de autoridades significaría el retraso del trabajo de las diferentes Salas para resolver los recursos interpuestos por los ciudadanos, pues no habría integración de las mismas.
