- Sugiere crear comisión legal, que incluya a los abogados de las víctimas
José Adán Silva [email protected]
La Procuraduría General de la República propuso formar una comisión legal que analice a fondo las deficiencias que puede presentar la Ley 364, creada para favorecer a los afectados por el insecticida Nemagón, ante un juicio contra empresas bananeras norteamericanas.
El procurador general Francisco Fiallos mantiene su posición de que esa ley, para la Tramitación de Juicios Promovidos por las Personas Afectadas por Uso del Nemagón, es inconstitucional y debe ser derogada.
La comisión que propone estaría formada por la asesoría legal de la Asamblea Nacional, los abogados de los afectados y representantes de la Procuraduría.
El procurador reconoció el derecho de los afectados por el químico a ser indemnizados, pero evitó explicar porqué envió el dictamen sobre la Ley 364 a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en vez de pasarlo a la Cancillería que fue la institución que lo solicitó.
“Fue una decisión administrativa que no influye en nada en la decisión de los jueces, ellos son independientes”, respondió Fiallos.
“La Ley 364, después de un estudio analítico serio, no reviste las condiciones de constitucionalidad y, por lo tanto, violenta el orden jurídico nacional”, dijo Fiallos, quien justificó su dictamen como un respaldo a los trabajadores afectados, porque si embargan a las empresas transnacionales no podrán quitarles nada, ya que no tienen recursos o bienes en Nicaragua.
“Aconsejamos un camino legal serio, ofrecemos ayuda a los trabajadores”, enfatizó Fiallos y sugirió una comisión legal “que les dé garantía, porque esa ley, así como está, no les va a servir”.
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