- Entidad financiera desembolsó los montos, pero las personas que supuestamente solicitaron los préstamos, jamás recibieron el dinero
- Donald Spencer acusado de defraudar al Banic por más de 38 mil dólares
Ary Neil Pantoja [email protected]
El ex presidente de la junta directiva del “quebrado” Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), Donald Spencer, enfrenta una acusación por los delitos de defraudación, estafa, fraude y asociación para delinquir en perjuicio de la mencionada entidad financiera, a la que habría perjudicado hasta por 38,820 dólares, autorizando préstamos ficticios.
Las autoridades de la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC), de la Policía Nacional, remitieron ayer el expediente de 48 folios al Juzgado Quinto de Distrito del Crimen de Managua, donde quedó radicada la causa bajo el número 1329/02. Según las investigaciones, varias personas habrían solicitado préstamos al Banic para comprar vehículos, pero los presuntos solicitantes de los créditos nunca recibieron el dinero, pese a que el banco desembolsó los montos.
Además de Spencer, también son señalados de los mismos delitos Orlando Castro Gutiérrez, Ruth María Obando Martínez, ex asesora legal del Banic; Luis Emilio Midence e Iván Benavides Hunter. Mientras que a Alfredo Ramón Rocha Gómez, se le señala únicamente por el ilícito de estafa.
ABOGADOS INVESTIGADOS
Pese a no señalarles delitos, las autoridades de la DIC indican a la juez —en este caso Ángela Dávila—, que puede tomar las medidas “que estime pertinentes”, en torno a tres abogados que, en representación del Banic, habrían realizado las escrituras notariales de los contratos de crédito a nombre de varias personas que, conforme a lo investigado, se constituyeron en deudores del Banic sin haber recibido un centavo.
Los abogados señalados en el expediente policial son Ana Marcela Pereira Carvajal, María Alejandra Argüello Balladares y Yessenia Francisca Martínez Padilla (esta última es hija de Ronald Martínez Sevilla, ex gerente legal del Banic) “por haber incurrido en actos delictivos en el ejercicio de sus funciones y corresponderá a su autoridad tramitarlo ante la instancia correspondiente”, señala el informe conclusivo de la investigación.
MODUS OPERANDI
En el expediente presentado ante el juzgado, están documentados cuatro casos. Los agentes de la DIC lograron determinar que el modus operandi, consistía en que la gerencia legal del Banic le entregaba al abogado –en este caso abogada-, toda la información sobre el solicitante y la escritura que debía elaborar; la abogada redactaba la escritura en el protocolo en su despacho y luego lo llevaba a la gerencia legal para que ahí lo firmaran las partes, es decir, los supuestos solicitantes y los representantes del Banic.
CASOS DOCUMENTADOS
Hay un crédito a nombre de Róger Jarquín Rodríguez con escritura número 13, de mutuo prendario y fiduciario, elaborado por María Alejandra Argüello Balladares, a solicitud de Iván Benavides Hunter, analista del crédito del Banic.
Argüello reconoce que la modalidad es que la llamaban a la gerencia legal del Banic a traer la información que, entre otras cosas, contenía el tipo de escritura a elaborar, los nombres de los comparecientes y los acápites a tratar.
Todos los créditos eran autorizados por los miembros del Comité de Crédito o por la Junta Directiva del Banic. Al igual que Argüello Balladares, la abogada Yessenia Francisca Martínez dijo que era hasta el momento que llegaba a la gerencia legal con la escritura y el protocolo que tenía contacto con los solicitantes del crédito.
En el último de los casos, la firma que aparece en la escritura y protocolo, no corresponde con la firma real del solicitante. Mientras que en otro de los casos, Blass Alberto Orales Núñez, reconoce haber solicitado un préstamo al Banic, pero después lo canceló porque otra entidad le había resuelto en menos días. Sin embargo, meses después funcionarios del Banic aparecieron cobrándole la deuda.
UTILIZARON NOMBRES
En los cuatro casos documentados por la DIC, ninguna de las personas señaladas se hace cargo de la deuda y más bien reclaman el que hayan utilizado sus nombres y demás información sobre ellos, para hacer los supuestos préstamos. Los montos son de 8,320, 9,500, 8,600 y 12,400 dólares respectivamente.
