- Ex miembro de la Comisión de Revisión de Confiscaciones asegura que la actuación de los miembros de la comisión fue apegada a derecho y que en el Ejecutivo estaban de acuerdo con la devolución
- “No podemos decir que el decreto tres le era aplicable a una compañía”, sostuvo la doctora Jessenia Morales, ex miembro de la Comisión
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
La doctora Jessenia Morales, quien hasta esta semana fue miembro de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones, que ordenó a la Corporación Nacional del Sector Público (CORNAP), devolver la Cementera a sus antiguos socios, entre ellos la familia Somoza, que en la Presidencia y la Procuraduría conocían de la decisión.
Morales aseguró que tanto el asesor del Presidente, Leandro Marín Abaunza, como el vocero de la Procuraduría, Sergio Boffelli y el presidente de CORNAP, Chester Noguera, conocían la resolución desde antes que fuera firmada el 30 de septiembre.
“Yo le puedo decir que la Procuraduría tenía conocimiento. Incluso yo hablé con uno de los asesores del Presidente, don Leandro Marín Abaunza, y sí se le consultó y él dijo: ‘en la nueva era las cosas se hacen apegadas a derecho’ y eso es lo que nosotros hicimos, trabajar apegados a derecho”, dijo Morales a LA PRENSA.
“No es cierto que las cosas se hicieron a escondidas y que la resolución tiene vicios y nulidades como se ha dicho, todas las partes involucradas fueron notificadas”, aseguró.
El vocero de la Procuraduría ha dicho que el Procurador Francisco Fiallos desconocía lo que estaba haciendo la Comisión.
Mientras tanto el presidente de CORNAP declaró que fue hasta el 3 de octubre que conoció el reclamo de la familia Somoza, pero existe una carta con fecha 30 de agosto donde el ex presidente de la Comisión de Revisión de confiscaciones le notifica que la doctora Ivania Lizeth Cortés Pavón, en representación de la Compañía Nacional Productora de Cemento S.A., había presentado el reclamo de devolución ante esa Comisión.
Además, durante el año 2001, la juez Primero de distrito de lo Civil emitió edictos para que se opusieran las personas que así lo estimaran a la realización de una junta de accionistas de la Cementera y el 11 de enero del 2002 se eligió una nueva Junta Directiva con el aval de la judicial, misma que se inscribió en el Registro Mercantil.
Morales explicó que en esta resolución, la Comisión de Revisión de Confiscaciones, no se refiere a personas naturales, ni a los integrantes de la familia Somoza, sino a una compañía, una persona jurídica.
Agregó que existe una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que señala que el decreto tres del 20 de julio de 1979 no es aplicable a las personas jurídicas, sólo a personas naturales. “No podemos decir que el decreto tres le era aplicable a una compañía”, sostuvo.
“El único decreto confiscatorio que le era aplicable a las sociedades anónimas era el 282, pero éste entró en vigencia hasta el siete de febrero de 1980. Éste decreto fue derogado por el decreto 760 del 19 de julio de 1981”, señaló.
Morales insistió que toda la actuación de la Comisión fue totalmente apegada a derecho tal y como lo exige la nueva era. “Quiero que se haga justicia y que mi nombre no sea ensuciado porque se han dicho cosas que considero injuriosas”, precisó.
ABAUNZA Y FIALLOS VINCULADOS A LOS SOMOZA
Leandro Marín Abaunza, asesor del Presidente Enrique Bolaños, fue abogado de la familia Somoza. Por muchos años él había llevado el caso de los reclamos de dicha familia y él mismo aseguró, según la doctora Morales, que no importaba lo que resultara si el caso estaba apegado a derecho.
En tanto Francisco Fiallos, Procurador en funciones, estuvo casado con Salvadora Somoza Urcuyo, con quien procreó una hija, que ahora tiene 29 años, con la cual no tiene ninguna relación y aparentemente está dentro del grupo de accionistas.
Fiallos también fue visto cenando en días pasados con su ex cuñado Álvaro Somoza Urcuyo en un restaurante capitalino en carretera Masaya. Él pagó la cuenta y hablaron del caso de la Cementera.
Exrtraoficialmente LA PRENSA conoció que el presidente Bolaños había dado el OK para la devolución de la Cementera, pero en una reunión que tuvo con Fiallos y el secretario de la Presidencia, Julio Vega, hace ocho días, se hicieron otras consideraciones de orden político sobre las de carácter jurídico para revertir la resolución que ordenaba devolver la Cementera a sus antiguos accionistas.
NO HUBO DECRETO CONFISCATORIO
“En el caso de la sociedad Compañía Nacional Productora de Cemento, lo que dice la Comisión es que no fue afectada por derecho sino de hecho porque no le aplicaron ningún decreto confiscatorio. Esto nosotros lo constatamos con la misma certificación que extendió la Secretaría Ejecutiva de la Procuraduría en agosto de este año… dice: ‘No existe confiscación contra la Compañía Cementera’. Nosotros teníamos el expediente confiscatorio y no hay un acta de confiscación en la Procuraduría General de la República”, aseguró Morales.
