- Alvaro Somoza sostiene que interpondrá recurso de amparo contra la Procuraduría y protestará contra Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones
- Presidente de la CORNAP, Chester Noguera admitió que el caso está “enredado”
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
Alvaro Somoza Urcuyo recurrirá de amparo ante la Corte de Apelaciones, contra la Procuraduría General de Justicia, por dejar sin efecto la resolución de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones que ordenaba a la Corporación Nacional del Sector Público (Cornap), devolver la administración y bienes a la Junta Directiva de la Cementera, en la cual figuran miembros de la familia Somoza.
También protestarán por escrito, hoy ante la Comisión de Revisión de Confiscaciones, por no haberles informado sobre la decisión administrativa de revocar una decisión de la misma comisión revisora.
De admitir la Corte de Apelaciones, el recurso de amparo, el acto sería suspendido y quedaría en vigencia la resolución que ordena que se les entregue la Cementera, comentaron algunos juristas consultados.
Mientras tanto, el Presidente de la Cornap, Chester Noguera, dijo que tiene trabajando a todo el equipo legal de la entidad a su cargo en el caso de la Cementera y los Somoza, y mostró dos resoluciones anteriores (de 1997 y 1999) de la Comisión en la que rechazaban las peticiones de los Somoza.
ENREDADOS
Sin embargo admitió que el caso está “enredado”, porque en aquellas resoluciones se refiere a Liliam Somoza y no a Isabel Urcuyo.
“Realmente está enredado este caso, porque no entiendo cómo antes don Luis Meléndez firmó estas resoluciones y ahora apareció firmando ésta para que se devuelva la Cementera”, precisó Noguera.
Además LA PRENSA encontró que entre la documentación que está en el expediente de la Comisión de Revisión se encuentra una certificación de la misma Procuraduría que señala que no se encuentra el archivo y tarjetas de control de confiscados, el “acta del 20 de julio de 1979 de la Compañía Nacional Productora de Cemento Sociedad ya que el tomo I, su apertura es con fecha del ocho de marzo de 1980”.
La misma certificación indica que el acta 3355 del tomo VII de los archivos de la Procuraduría fue elaborada el 14 de noviembre de 1994 y no el 20 de julio de 1979, como legalmente debió ser. Dicha certificación fue extendida el 30 de agosto de 2002 por la Secretaria Ejecutiva de la Procuraduría, Diana Avendaña, según copia del documento que LA PRENSA tiene en su poder.
SOCIEDADES ANÓNIMAS NO CONFISCABLES
“Todo eso es una ilegalidad y debe ser corregido. Ahora es el momento de hacerlo”, comentó Somoza al ser consultado sobre el caso.
Insistió en que las leyes en Nicaragua prohíben la confiscación a las sociedades anónimas, y que todos los accionistas de la Cementera tienen sus acciones originales porque nadie se las quitó y por tanto siguen siendo de ellas.
Recordó que una judicial certificó una reunión de los accionistas de la Cementera, que eran portadores de entre el 78 y el 81 por ciento de las acciones y se eligió una nueva Junta Directiva.
LA PRENSA constató que el 19 de marzo de 2002 el registrador Público auxiliar del departamento mercantil de Managua, inscribió la sociedad Compañía Nacional Productora de Cemento bajo el número 20,664-B2, páginas 78-89, tomo 768-B2 del libro de sociedades del Registro Mercantil de Managua.
DEVOLUCIÓN SIN EFECTO
El nuevo presidente de la Comisión de Revisión, Orlando Flores Ponce, dejó sin efecto ni valor legal la resolución que emitieron el destituido Luis Meléndez y los doctores Julián Guerra y Jessenia Morales, que ordenaba devolver la Cementera, por contener inexactitudes de hecho y derecho.
“Además, tales actuaciones, se originaron de manera anómala, porque quienes las gestionaron eran simples detentadores de las acciones (de la Cementera)”, dice la certificación extendida ayer.
La certificación también indica que la familia Somoza sí es sujeto de confiscación de acuerdo con el decreto tres del 20 de julio de 1979, que ordena confiscar los bienes de dicha familia y sus allegados.
ORDEN A LA CORNAP
“La Corporación Nacional del Sector Público (Cornap) deberá abstenerse de devolver los activos y la administración de la Compañía Nacional Productora de Cemento a la familia Somoza, sin perjuicio de los bienes que hubiesen pasado a terceros”, dice la certificación de revocación de la Comisión de Revisión de Confiscaciones.
