- El reciente acuerdo político en el Poder Electoral, podría ser estudiado en el Parlamento
William Briones Loáisiga [email protected]
Aunque un 73.3 por ciento de los ciudadanos consultados por la empresa M&R considera que los siete magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) deben ser destituidos del cargo, a la fecha no existe una solicitud en ese sentido ante la Asamblea Nacional, confirmó el primer secretario Miguel López.
El legislador recordó que la Constitución establece que los magistrados del CSE se eligen por cinco años, pero en caso de que haya una solicitud específica y que se demuestren las causales para ello, pueden ser destituidos por el Parlamento, de la misma manera que son electos por ese poder del Estado.
“Habrá que esperar que alguien lo solicite, entonces definiríamos el trámite que le daremos. Si hay delito de por medio, que requiere la comparecencia ante los tribunales de los magistrados, hay que considerarlo, pero hay que determinar el delito y ver el curso a seguir. Esto, pueden solicitarlo ciudadanos naturales o autoridades competentes”, explicó.
El diputado sandinista René Núñez, segundo vicepresidente del Parlamento, insistió en que el FSLN apuesta a la estabilidad de los poderes del Estado. Precisamente, los magistrados en el CSE que provienen del FSLN recién votaron por la reelección del magistrado Roberto Rivas para presidente del Poder Electoral, después que acusaron a éste, durante varios meses, por supuestos malos manejos en el CSE.
“Nos apuntamos a la estabilidad de los poderes del Estado y al funcionamiento normal de cada uno de ellos, por eso el FSLN siendo minoría en el Poder Electoral, estuvo pendiente permanentemente de cómo ese poder se estabilizara. Creo que el hecho que se haya electo al presidente y al vicepresidente, aun cuando haya opiniones encontradas de la población, es un hecho que contribuye a estabilizar el Poder Electoral”, consideró.
Núñez dijo que si bien existen solicitudes de desafuero contra los siete magistrados, será la comisión que analiza esa posibilidad la que debe pronunciarse si encuentran méritos para el desafuero. “El FSLN se apunta a estabilizar los poderes del Estado”, insistió.
Alfonso Ortega Urbina, diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), dijo desconocer que haya una solicitud para destituir a los magistrados, pero “en caso que sea así, habría que ver cuáles son las causales y la forma de proceder. Eso es insólito, lo primero es que se presente una solicitud al Parlamento, para ver si cabe o no”, dijo.
MAGISTRADO LIBERAL DESCARTA ENCUESTA
Por su parte, el magistrado electoral Silvio Calderón rechazó los resultados de la encuesta realizada por la empresa M&R Consultores, al afirmar que la opinión de una mayoría de la población que solicita su destitución “fue inducida por los medios previamente para responder negativamente”. Además, recomendó que en un futuro a estas encuestas se le dé una “mayor pureza”, ya que al realizarse vía telefónica crean un ánimo de inseguridad en el entrevistado al no saber de dónde proviene la llamada.
RIGOR CIENTÍFICO DICE M&R
Para el director general de la empresa M&R Consultores, Raúl Obregón, la encuesta en cuestión fue realizada con todo el rigor científico que demanda este tipo de trabajo.
Justificó el método telefónico para poder realizar y procesar los resultados rápidamente, y aclaró que este sistema de encuesta es cada vez más empleado en todo el mundo.
Obregón reconoció que el universo de la encuesta es de hogares con aparato telefónico, pero “eso no significa que por ser un hogar con servicio telefónico son hogares con las mismas características socioeconómicas y políticas”.
Destacó que el estudio se realizó en todo el país, dando cobertura a lugares como Corn Island, Rosita, Bluefields, Puerto Cabezas, Jalapa y Ciudad Rama, entre otros.
“Deberían poner más atención a la opinión pública y no querer tapar el sol con un dedo y querer opacar al mensajero de la mala noticia”, concluyó Obregón, al referirse a aquéllos que han deslegitimado el estudio.
