- Comisión ambiental denuncia emisión de permisos de explotación maderera en la reserva natural de la Cordillera Dipilto-Jalapa
- Irregularidades en planes de manejos forestales
Alina Lorío L.CORRESPONSAL/ Nueva Segovia [email protected]
La Procuraduría General del Ambiente encausará de oficio una investigación para determinar la legalidad o ilegalidad, en las autorizaciones de planes de manejo forestal en el Área Protegida de la Cordillera Dipilto-Jalapa, ubicada en el departamento de Nueva Segovia, informó el doctor Lisandro De León Mairena, responsable de esa instancia.
El procurador retomó denuncias de la Comisión Municipal Ambiental de Ocotal alrededor de órdenes y contraórdenes para la explotación forestal del área protegida de la Cordillera Dipilto-Jalapa.
Resulta que el pasado ocho de agosto, el doctor Julio César Miranda Terán, entonces Procurador Regional Ambiental, orientó al delegado departamental del Instituto Nacional Forestal (Inafor), ingeniero Carlos Hernández, a que se abstuviera de otorgar permisos de explotación forestal, ya que de lo contrario incurriría en irresponsabilidad civil de conformidad al Arto. 142 de la Ley General del Medio Ambiente.
La orientación del ex Procurador Regional Ambiental —quien después fue trasladado a Rivas— se fundamenta en denuncias de que la delegación del Inafor otorga, sin ningún control, permisos de aprovechamiento forestal en el área protegida de la Cordillera Dipilto-Jalapa, declarada legalmente a través del Decreto 42-91 del 31 de octubre de 1991.
“Cualquier permiso de aprovechamiento otorgado en el área protegida de su jurisdicción sería una flagrante violación a las normas señaladas, por lo que le pido se abstenga de otorgar esos permisos”, indicó en esa ocasión Miranda.
INAFOR CENTRAL PROTESTA
El doctor Lisandro De León Mairena, Procurador General Ambiental, reveló que la decisión del Procurador Regional provocó “una especie de reclamo” inmediato del ingeniero Ramiro Saborío, subdirector ejecutivo del Inafor central, quien pidió razones para que la Procuraduría se opusiera a la autorización de planes de manejo.
Según el doctor D’León Mairena, Saborío argumentó que existe una autorización de la DGAP-Marena, fechada el 26 de abril del 2001 y firmada por Mauricio Fonseca Cuevas, director general de Áreas Protegidas, mostrada a la Procuraduría del Ambiente.
CONTRAORDEN
El Procurador Auxiliar Nacional Ambiental, José Luis García Ruiz, respondió formalmente a Saborío —a través de una carta fechada el 23 de agosto y recibida el 27 del mismo mes— en la que le comunicaba que la decisión del Procurador Regional Ambiental quedaba sin efecto.
“Lo anterior obedece a la existencia de una autorización del Director de Áreas Protegidas para la ejecución del Plan General de Manejo Forestal Las Trancas, en la Reserva Natural de la Cordillera Dipilto-Jalapa. No existe impedimento para que la ejecución de dicho Plan de Manejo Forestal se realice”, especifica la misiva.
El Procurador General del Ambiente prometió encausar de oficio para determinar si el convenio entre Marena (DGAP) y el Inafor está sustentado en el marco legal. “Si el acuerdo o convenio no está sustentado en el marco legal, inmediatamente pediremos la nulidad del mismo”, insistió.
Dipilto-Jalapa tiene 120 planes de manejo autorizados, mientras en Nueva Segovia el Inafor registra aproximadamente 600. Se presume que la DGAP autorizó en abril del 2001 únicamente 34 planes de manejo forestal en el área protegida de la Cordillera Dipilto-Jalapa.
PULMÓN AMBIENTAL
La Cordillera Dipilto-Jalapa es un sector boscoso atacado por la plaga del gorgojo descortezador del pino, pero que constituye aún un pulmón ambiental y fue declarada Reserva Natural, sin embargo debido a la escasez de personal y recursos, no es atendida como se debería.
APROVECHAMIENTO CONTROLADO
El ingeniero Carlos Hernández, delegado departamental del Inafor, consideró lógico que “en río revuelto ganancia de pescadores, hay tanta facilidad creada para sacar la madera gorgojeada que mucha gente aprovechándose saca madera sana sin autorización. Vigilamos que no ocurra, pero siempre sale”, dijo.
-Por su parte, el ingeniero Héctor Ramos, empresario de la madera y presidente del Consorcio Forestal Nacional, recomendó a las autoridades que pueden hacer sus evaluaciones sin necesidad de frenar toda una actividad en el departamento. “Si alguien no está haciendo las cosas bien, que le apliquen el reglamento o la ley”.
-El ingeniero Gabriel Zeledón, director de la Secretaría Técnica de la Asociación de Municipios de Nueva Segovia (Amunse), sostuvo que la destitución del Procurador Regional del Ambiente, con sede en Estelí, el despale que a sus espaldas se hace en el área protegida y los conflictos políticos del país han entorpecido el proceso de denuncias de los alcaldes de Nueva Segovia que han demandado la investigación de la Procuraduría.
