José Adán Silva [email protected]
La fiscal auxiliar Mayra Paiz, quien llevó el caso de la “huaca” por parte del Ministerio Público, dijo que aunque el fallo de la Juez Primero de Distrito del Crimen, Juana Méndez, está bien argumentado, existen “errores graves” respecto a la condena por delitos electorales que la judicial “debe aclarar para no dañar su sentencia”.
“El fallo de la juez está muy bien argumentado en varios aspectos, sin embargo encontramos alguna oscuridad o contradicción, desde el punto de vista en que ella impone auto de prisión por el delito electoral, y a la vez dicta que la Fiscalía investigue el delito electoral”, sostuvo.
Agregó que “ahí tendríamos que ver pues cómo ella dictó auto de prisión por ese delito si nosotros todavía no investigamos a como ella lo ordena”, señala Paiz, quien además plantea que Méndez no tiene facultades para ordenarle al Poder Ejecutivo que recobre los estipendios salariales expedidos durante la pasada administración.
“Ella ordena al Ejecutivo hacer algo (recuperar estipendios) en la parte considerativa de su sentencia, pero luego, en el por tanto (parte resolutiva) eso no se materializa. Además que no existe disposición que la faculte para ordenarle acciones al Ejecutivo, entonces hay algunos aspectos ahí que pienso que no están lo suficientemente claros, y considero que esto debería de ser motivo de una aclaración por parte de la juez”, argumenta Paiz.
SENTENCIA BALANCEADA
“Yo pienso que lo más correcto es que ella aclare esas partes para no dañar esa sentencia histórica, ya que debo admitir que la sentencia de Méndez fue bastante balanceada, tomó aspectos de la Procuraduría y la Fiscalía, y se tomó en cuenta la tipicidad de los delitos que pedimos en nuestro informe conclusivo”, expresa Paiz.
La fiscal auxiliar plantea que si Méndez impone auto de prisión por este delito electoral, pero además dicta que la Fiscalía investigue, “entonces no está claro si hubo o no investigación y repito, ella no tiene facultades de ordenarle nada al Ejecutivo en su parte considerativa”.
CULPABLES Y ACUSADOS
Méndez encontró culpables de cometer delito electoral a Byron Jerez y Esteban Duque Estrada, quienes utilizaron fondos del Estado para patrocinar la campaña electoral presidencial y municipal del gobernante Partido Liberal Constitucionalista (PLC), partido que además, según la judicial, dispuso de donaciones ilegalmente sin reportar sus orígenes y mecanismos de utilización al Consejo Supremo Electoral.
Además abrió causa contra dos personas que trabajaron directamente en la campaña del presidente Enrique Bolaños, que son Leonardo Somarriba y Roberto Vassalli, quienes también habrían cometido delito electoral, pero que no fueron incluidos en la acusación que abrió la Procuraduría de la República contra la familia del ex presidente Arnoldo Alemán y parte de sus funcionarios por supuesto lavado de dinero y otros delitos.
Somarriba fue tesorero de la campaña de Bolaños y recibió de la Fundación Democrática Nicaragüense, institución a la cual se señala como parte de la máquina “lavadora de dinero”, medio millón de dólares para la campaña electoral de Bolaños.
