Eduardo Marenco [email protected]
Es un secreto a voces que cada día se hace más evidente: la “gallina de los huevos de oro” del Estado nicaragüense fue servida en bandeja a un postor difuso, que se esconde detrás de una telaraña de sociedades anónimas.
Un análisis legal, elaborado por los bufetes Martínez & Gutiérrez y Alvarado & Asociados, concluyó que el Estado nicaragüense debe demandar la “acción de nulidad” del proceso de privatización del 40 por ciento de acciones de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), por al menos, once razones de peso.
La primera de ellas es que el precio de las acciones ofrecido por el consorcio “Telia Swedetel” y “Emce”, es inferior al valor estimado de las mismas, según un estudio de la banca de inversión “Nmás 1 International”. Según este estudio, el porcentaje de acciones adquirido tenía un valor entre US$44.3 millones; pero fueron adquiridas a precio de ganga: 33.1 millones de dólares.
La segunda conclusión de importancia es que “el adjudicatario no cumplió con el requisito de actualizar la información comprobatoria de ser ‘Telia Swedetel Ab’ el operador” que ganaba la licitación.
Igualmente, la representación legal de los miembros del consorcio, concluye el análisis, fue “limitada a la precalificación”.
ENITEL, UNA EMPRESA MUY RENTABLE
“Las acciones de Enitel las regalaron y se las dieron con muchas facilidades al adquiriente”, dijo una fuente consultada por LA PRENSA, “esa empresa es muy rentable, la demanda de líneas telefónicas es grande y tiene unos estados financieros excelentes”, agregó.
Según información extraoficial, el patrimonio de Enitel alcanzaría los 98 millones de dólares, teniendo una liquidez de 40 millones de dólares, dinero colocado en varios bancos. Según la fuente, Enitel obtiene utilidades netas de 2 millones de dólares mensuales. “Tengo entendido que entre enero y abril Enitel obtuvo unos ocho millones de dólares en utilidades netas antes de impuestos”, graficó la fuente.
Agregó que los estados financieros de Enitel durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro demostraban la rentabilidad de la empresa, al igual que ahora, “solamente durante el gobierno de Alemán mostró saldo en rojo”.
EMPRESARIOS HONDUREÑOS DETRÁS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS
El consorcio que compró Enitel no tenía el dinero necesario para hacerlo y además lo compró para luego entregarlo a un tercero, “Megatel de Nicaragua, LLC”, que a la vez está integrada por otras dos sociedades: Megatel LLC (70 por ciento), y Lerwick Finance Co. Inc. (30 por ciento). El poder generalísimo de esta última sociedad lo tenía Miguel Facussé Barjum.
Facussé Barjum, es un empresario de nacionalidad hondureña, que enfrentó una demanda por el supuesto delito de “descarga de contaminantes peligrosos”, “daños agravados”, “usurpación” y otros, el año pasado en Honduras. En el mes de diciembre del año 2001 el Juzgado de Letras Primero de lo Criminal del departamento de Francisco Morazán libró orden de captura en contra suya por los delitos mencionados.
Según la revista en línea, “Honduras Revista Internacional”, la orden aludida y el juicio quedó en suspenso por interposición de Recurso de Amparo por parte de la defensa, ante la Corte Suprema de Apelaciones, la que concedió los recursos interpuestos contra la orden de captura. Finalmente se emitió sobreseimiento definitivo a favor de Miguel Facussé Barjum.
En 1995, Facussé fue condecorado como empresario del año en Honduras, siéndole entregado el premio “Boris Goldstein” por parte de la organización “Gerentes y Empresarios Asociados de Honduras (Gemah)”. También es descrito como un “acaudalado terrateniente hondureño”.
OCHO VECES NULO
En un memorándum dirigido al ingeniero Carlos Fernández Roque, director ejecutivo de la Unidad Residual de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Uretel), los abogados encargados del análisis legal, enumeran cada una de las irregularidades encontradas:
El consorcio que adquirió Enitel no cumplió con el patrimonio mínimo de US$90 millones de dólares.
El consorcio no presentó la Carta compromiso del garante.
Tampoco cumplió con la entrega de la fianza de cumplimiento de oferta económica establecida en las bases de la licitación.
Se violentó la Ley de Disposición de Bienes del Estado en la creación de la fianza de cumplimiento del adjudicatario.
El consorcio no incluyó en su oferta económica el costo del plan de pensión y seguro colectivo exigido por Ley, obligación que fue trasladada al vendedor (el Estado).
Megatel de Nicaragua, que luego se quedó con el contrato de administración y las acciones adquiridas por el consorcio “Swedetel”, fue constituida en violación a las bases de la licitación al incorporar a un tercero que no fue adjudicatario originalmente.
“La violación de las normas de la Ley de Privatización lleva consigo la Nulidad del Acto”, concluye el análisis legal.
“Puede haber responsabilidad penal y administrativa para funcionarios y otras personas que intervinieron en estos actos”, agregan los autores del análisis.
