- Procurador dice que se están agotando las instancias nacionales para impedir que el CSE siga violando los Derechos Humanos de los pueblos costeños
- Magistrados afines al PLC desairan a procurador Pérez, a quien decidieron no recibir
Rolando Flores [email protected]
La Procuraduría de Derechos Humanos podría denunciar la próxima semana al Consejo Supremo Electoral ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el incumplimiento a la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia de juramentar a las autoridades costeñas de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).
El procurador de Derechos Humanos, Benjamín Pérez, anunció ayer, luego de ser recibido tan sólo por los magistrados afines al Frente Sandinista, que estudia introducir una denuncia en contra del Poder Electoral en pleno por no haber dado una respuesta satisfactoria al pueblo costeño.
“Es inaudito que las instituciones que tenemos la obligación de velar, cumplir y hacer cumplir la ley apliquemos dilatorias que son completa y totalmente violatorias a los Derechos Humanos de una población tan representativa como es la Costa Caribe en sus niveles Norte y Sur”, denunció el procurador.
“DESAIRE» DE MAGISTRADOS LIBERALES
Visiblemente molesto, Pérez, quien había solicitado formalmente y por escrito un encuentro con todos los magistrados electorales para abordar la crisis de gobernabilidad en la RAAN, criticó el hecho de que sólo los magistrados Emmett Lang, José Luis Villavicencio y José Miguel Córdoba asistieron a la reunión.
“Fue frustrante el hecho de que no estén todos los magistrados. El procurador y el subprocurador vinimos aquí en una visita de trabajo, no en una visita de cortesía”, indicó Pérez.
Por su parte, el magistrado Silvio Calderón aseguró a LA PRENSA vía telefónica, que la invitación de la Procuraduría, solicitando fecha y hora para el encuentro, la recibieron ayer al mediodía. “No hay ninguna actitud de hostilidad ni de falta de cortesía hacia el procurador y el subprocurador, sino que tres magistrados decidieron recibir al procurador hoy (ayer), sin el consentimiento del resto de los magistrados”.
Calderón, además, confirmó que enviaron un memorando al secretario de actuaciones informando que no volverán a asistir a las sesiones del Consejo mientras no sea para elegir a las nuevas autoridades.
Al respecto, el magistrado Emmett Lang dijo que se trata de “una violación más, porque hay una disposición de este cuerpo colegiado asumida por todos de que nos íbamos a estar reuniendo los martes y los jueves para buscarle una salida y para la administración propia del Consejo. Si ellos estaban en desacuerdo debieron haber asistido a una sesión y ahí mismo demostrar la voluntad, y el propio Consejo Supremo podría haber declarado que no había lugar”.
“UNA VIOLACIÓN TRAS OTRA”
Con su visita, en la que estuvo acompañado por el subprocurador Julián Corrales y el procurador especial de los pueblos indígenas y asuntos étnicos Norman Bent, Pérez pudo constatar además “una violación tras otra de los Derechos Humanos” en ese poder del Estado.
El procurador señaló que existe una abierta violación a los derechos laborales de los trabajadores del Consejo desde hace mucho tiempo, al no pagarse las prestaciones al Seguro Social impidiendo que éstos reciban asistencia médica, además de un pago irregular del Impuesto sobre la Renta. Pérez también indicó que no se ha podido verificar el desempeño presupuestario de ese poder porque no se les ha informado sobre las auditorías internas realizadas, información que también les es ocultada a los magistrados de tendencia sandinista.
“La Procuraduría solicitó un informe al Consejo, lo que no se concibe, porque es completamente alejado de la inteligencia, es que al procurador no se le conteste, porque si no se le contesta hay lo que llamamos confesión tácita”, denunció el procurador Pérez.
“OCULTARON RESOLUCIÓN”
Lang se mostró sorprendido al conocer que la Procuraduría emitió una resolución condenando al CSE por estar violando los Derechos Humanos de los pueblos costeños, la cual le fue notificada el ocho de mayo pasado al magistrado Roberto Rivas, cuando todavía era presidente del Poder Electoral.
“Hasta el día de hoy estamos siendo informados oficialmente por la Procuraduría de que hemos sido condenados como cuerpo colegiado, no como individuos de la violación de los Derechos Humanos, lo cual transgrede nuestros derechos que nos dan la Constitución y la Ley Electoral como cuerpo colegiado, ya que esa resolución le fue ocultada al resto de magistrados”, afirmó Lang.
«LA PATRIA NO NOS QUIERE»
El procurador especial de Derechos Humanos de los pueblos indígenas y asuntos étnicos, Norman Bent, aseguró que el problema en el Atlántico Sur, de acuerdo con la población costeña, ya está resuelto. “Solamente están esperando que Managua no siga imponiendo órdenes, y acepten lo que es la voluntad del pueblo. Están en espera que lo actuado por los magistrados el 24 de agosto sea aceptado.
Bent anunció que la población en su totalidad no va a participar en las fiestas patrias porque “no se sienten que están en una Patria que los quiere”. El procurador especial explicó que los colegios no marcharán, ni va a haber ningún acto público.
“Nos acusan a los costeños de ser separatistas, pero las actuaciones de las autoridades centrales están demostrando que los separatistas son las autoridades centrales y no los costeños. Queremos ser parte de Nicaragua. Cuando se dio la Independencia de Nicaragua todavía no éramos parte de esto, sin embargo, con toda la buena voluntad, con todos los deseos, queremos ser parte de Nicaragua, pero nos están echando”, sentenció.
