- En aras de salvaguardar los recursos naturales, el titular del Marena anunció una serie de medidas contra los depedradores
Carol MunguíaCORRESPONSAL/[email protected]
La carga de madera de Johnny Alejandro Centeno, sorprendida por el propio titular del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena), Jorge Salazar, en recorrido por la zona, probablemente represente los últimos traslados ilegales que se efectúen de las faldas de la Reserva Natural del Volcán Cosigüina.
Unos 3,000 moradores, entre habitantes y productores del último pulmón natural en Occidente, pidieron al ministro Salazar una moratoria para salvar al bosque del castigo al que es sometido por la mano del hombre.
Estos pobladores vieron salir incontables cargas de madera preciosa que desde las faldas del Cosigüina se desplazan sobre la carretera, algunas veces, según denunciaron, con permiso estatal, extendido en Managua.
Alejandro Alberto Silva Moradel, en representación de 18 comunidades aledañas al volcán Cosigüina, clamó ante la comitiva ministerial que recorrió la zona que se realice un mayor control de los recursos naturales que aún quedan.
El presidente de las Juntas Comarcales expresó que “la falta de financiamiento, la sequía y las cosechas logradas con esfuerzo propio y las perdidas, son el común denominador de los parceleros, ubicados desde Punta Ñata hasta “Las Parcelas”, jurisdicción de El Viejo.
¡DETENGAN DEPEDRACIóN!
Evertz Caballero fue más explícito: “El contrabando de la fauna y la extracción de madera para interés comercial que se fuga por el mar y hacia el interior del país debe detenerse, porque los perjudicados somos los nicaragüenses”, planteó el dirigente ante la comitiva que revisaba la petición de moratoria forestal.
Caballero dijo que hondureños y salvadoreños legalizan las pangas y se quedan trabajando amparados en el CA-4, explotando la riqueza marina nacional para su beneficio personal.
Los lugareños pidieron medidas drásticas, estableciendo multas y hasta la cárcel.
El secretario de Gobierno en Chinandega, doctor Luis Callejas, visualizó tres aspectos importantes a despejar por el titular del Marena.
El primero, que consideró más urgente, es delimitar el área protegida. Un segundo trabajo es intervenir en la depredación del área protegida y la de amortiguamiento para evitar el daño a la reserva, y, finalmente, solventar los litigios agrarios en la zona, sobre todo aquellas fincas que están dentro del área protegida.
Callejas se reunió con los entes estatales para buscar puntos de coincidencia que permitan salvar al Cosigüina del despale indiscriminado al que fue sometido en los últimos tiempos.
Una de las opciones para detener el desastre ecológico del Volcán Cosigüina es la propuesta por el Organismo No GubernamentalProgolfo/Danida.
Colocar una aguja, como instrumento de control que detenga el tráfico ilegal de madera y de aves en extinción en el punto estratégico donde inicia la primera de las 18 comunidades aledañas al Parque Nacional, es una de las medidas viables.
El proyecto no nació de la nada, sino del acuerdo de los diferentes sectores que organizó Progolfo a lo largo de estos dos últimos años.
El licenciado Jacobo Sánchez, coordinador del mismo, afirmó que el proyecto está valorado en 25 mil dólares, lo que significa construir la caseta de control, la oficina con su equipamiento y la capacitación a las brigadas de guardabosques, que voluntariamente ofrecen su trabajo para salvar la zona.
“Estos 30 miembros patrullarían la zona, conscientizarían al resto de los pobladores para contrarrestar los incendios y se organizarían en cuatro zonas para detectar problemas de despale y fuga de los recursos”, aseguró Sánchez.
Dijo que el control es por 24 horas diarias y requiere de la presencia de un miembro de las comunidades, representantes de la Policía y del Ejército Nacional.
DISPOSICIONES DE LA MORATORIA
El titular del Marena, ingeniero Jorge Salazar, declaró una moratoria forestal en la zona, al concluir un recorrido por cerca del 70 por ciento de la Reserva Natural de Cosigüina.
“Hay que establecer sistemas de control en la península, concretar acuerdos interinstitucionales e instalar la aguja de control para detener el tráfico de madera ilegal”, acotó el titular.
En lo que se refiere a la petición de establecer los límites donde termina el área protegida, aseguró que el organismo Prodemarcación de la Península (Prodep), con fondos del Banco Mundial, desarrollará las tareas de amojonamiento de toda la Reserva, con apoyo del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), para proceder después a desarrollar planes de manejo y reestablecer el estado ecológico.
Dichos trabajos se realizarán a inicios de septiembre, y esta primera fase tiene un costo de 95 mil dólares, apuntó Salazar.
En cuanto al espinoso tema de la tenencia de la tierra, el ministro Salazar indicó que andan en el aire títulos dudosos y escrituras de propiedades en las áreas protegidas.
“Vamos a gestionar para acelerar el proceso de legalización de las áreas, priorizando aquellas que se consideren vulnerables, pues urge resolver estos conflictos de orden agrario”, puntualizó.
