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Instancias civiles y de gobierno están interesadas en que se cree una ley que defienda el derecho a la educación pública.
Miguel De Castilla, del Foro de Educación y Desarrollo Humano, dijo que en coordinación con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el organismo no gubernamental Ayuda en Acción trabajan en una propuesta de ley para salvaguardar la gratuidad de la enseñanza.
La ley permitiría que en los centros de enseñanza se crearan “defensorías de educación pública”, una instancia que en el caso de los centros descentralizados, sería aparte a los consejos directivos escolares.
De Castilla refirió que antes se había pensado en crear fiscalías, pero esa figura no es la adecuada para el objetivo que persigue, como es proteger el derecho a la enseñanza.
José Antonio Zepeda, secretario general de la Confederación General de Trabajadores de la Educación Nacional (CGTEN) y diputado suplente sandinista en la Asamblea Nacional, dijo que ya ha hablado con otros parlamentarios para que acojan esa propuesta.
CAMPAÑA DE “NO PAGO”
La creación de las defensorías se enmarca en una campaña nacional de promoción y defensa del derecho a la educación, que difundirán las mismas organizaciones en los próximos meses.
De Castilla explicó que además de la formación de defensorías se trabajará por la gratuidad desde distintos flancos.
Uno de los ejes de la campaña es la sensibilización permanente a través de los medios de comunicación sobre la problemática educativa.
La sensibilización apelaría a la movilización de la comunidad educativa a favor del “no pago” en los momentos picos del año, para el tiempo de la prematrícula, la matrícula y la entrega de notas.
Otro aspecto que interesa a estas organizaciones es unificar criterios sobre el concepto de derecho a la educación que tienen los distintos sectores en el país; para ello está prevista una investigación.
SUBIÓ GRATUIDAD
Los primeros pasos de esa campaña se vieron este año, a inicios del curso escolar.
Otras organizaciones, además de las mencionadas, en el período de matrículas instaron al no pago a los padres de familia.
Ese esfuerzo fue apoyado por el Ministerio de Educación Cultura y Deportes (MECD), que orientó cero cobro en el período de matrícula.
La campaña surtió efectos. Distintos colegios autónomos consultados han confirmado que el derecho a la gratuidad bajó sensiblemente los aportes voluntarios de los padres de familia.
