- La política de fumigaciones para acabar con los cultivos del narcotráfico en Colombia no ha dado los frutos esperados. Se fumigaron 152,000 hectáreas en los últimos dos años, pero en la actualidad hay un área de 163,000 hectáreas de cultivos ilícitos. La Contraloría colombiana denunció lo que llamó el “fracaso” del “Plan Colombia” financiado por Estados Unidos, ya de por sí bastante criticado por la comunidad académica del país andino
Eduardo Marenco [email protected]
PRIMERA DE 3 ENTREGAS
BOGOTÁ.- El conflicto interno que vive hoy Colombia no puede ser visto de forma aislada, sino vinculado a la seguridad regional. El drama de la nación colombiana y la espiral de violencia que lo acentúa, amenaza con desestabilizar la seguridad regional de los países andinos y de los países centroamericanos y caribeños.
En la actualidad, los actores armados al margen de la ley (paramilitares, guerrillas, sindicatos del crimen) incursionan en territorios vecinos (Venezuela, especialmente) para cometer actos delictivos. Al mismo tiempo, elementos del narcotráfico intentan trasladar zonas de cultivo, procesamiento o bodegas de almacenamiento de narcóticos a países caribeños y centroamericanos ubicados en la ruta obligada del narcotráfico; por lo cual, el conflicto interno en Colombia impacta directamente en la naturaleza de la política exterior e interna de sus estados vecinos.
La producción de cultivos ilícitos y el tráfico de los mismos, son la gasolina del conflicto interno que ha puesto en jaque al Estado colombiano. La especialista Arlene Tickner explica que “a Colombia se le ha identificado con creciente frecuencia como un ejemplo de Estado “débil” o “colapsado” en el hemisferio occidental y una amenaza a la estabilidad subregional”.
EL FRACASO DE LA POLÍTICA ANTINARCÓTICOS DEL PALN COLOMBIA
El Plan Colombia fue una estrategia diseñada por Estados Unidos a partir de una propuesta inicial del presidente Andrés Pastrana, cuyo principal objetivo ha sido reducir la producción de narcóticos en Colombia, especialmente mediante una política de erradicación de cultivos ilícitos. Ese objetivo ha sido imposible de cumplir en los últimos dos años.
El Plan incluyó, entre 2000 y 2002, un financiamiento de EE.UU. a Colombia en el orden de los US$1.3 mil millones de dólares, teniendo la mayor parte del mismo un componente militar. Al día de hoy, se ha profundizado la inseguridad regional, se ha deteriorado el medio ambiente con las fumigaciones aéreas y se han profundizado los desplazamientos campesinos. Al mismo tiempo, el Plan Colombia no ha logrado reducir el área total de cultivos ilícitos.
En efecto, a pesar de las fumigaciones, Colombia ha pasado a ser el segundo productor mundial de heroína, después de Afganistán, al tiempo que aumenta el consumo de esta droga en Estados Unidos. Según datos oficiales, en 1999 había unas 6,500 hectáreas de heroína cultivadas en los departamentos de Nariño, Tolima, Cauca y Huila. Dos años después, a mediados de 2001, los cultivos se habían disparado a unas 20,000 hectáreas, a pesar que se fumigó 10,226 hectáreas de amapola en el año 2000.
Al mismo tiempo, las fotografías de satélite contratadas por Colombia y la Organización de Naciones Unidas (ONU) indican que a pesar de la fumigación de 60,000 hectáreas, los cultivos de coca crecieron un 60 por ciento en el año 2000.
De este modo, el área total de cultivos ilícitos pasó de 103,000 hectáreas a finales de 1999 a más de 162,000 hectáreas a inicios de 2001. El aumento de 59,000 hectáreas es casi idéntico a la superficie fumigada: 58,200 hectáreas. En una década (1992-2002) el área de cultivos ilícitos se cuadruplicó. El fracaso del Plan Colombia fue confirmado la semana pasada por la Contraloría colombiana, que cuestionó la política de fumigaciones debido a su ineficacia.
Durante la vigencia de la “zona de despeje”, creada por el presidente Andrés Pastrana en el contexto de los diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se triplicó el área sembrada de coca y aparecieron los primeros cultivos de amapola, dentro de los aproximadamente 42,000 kilómetros cuadrados que comprendía dicha zona. Los mapas elaborados por satélite, antes de la ruptura de las conversaciones de paz entre las FARC y el Estado colombiano mostraban un estimado de 16,000 hectáreas de coca cultivadas.
Bruce Michael Bugley, experto en el tema, plantea que la guerra contra las drogas librada por Washington y Bogotá durante esta década “no solamente fracasó en darle freno al crecimiento del tráfico de drogas y a la consecuente corrupción, sino que, de hecho, fue contraproducente”.
El autor señala que “entre sus consecuencias involuntarias más importantes están la expansión acelerada de las actividades de cultivo y producción de drogas, la dispersión y proliferación del crimen organizado y la intensificación de la violencia política y la lucha guerrillera en el país”.
CONFLICTO SE DESPLAZA HACIA LOS PAÍSES VECINOS
El conflicto interno en Colombia irradia inseguridad a la región andina y caribeña debido a los desplazamientos de población afectada por la guerra. Bagley explica cómo “en los 15 años que transcurrieron entre 1985 y 2000 las guerras internas de Colombia desplazaron cerca de 1.7 millones de colombianos de sus lugares de origen. En 1999, al menos 225,000 personas fueron extraídas de sus hogares, comunidades y de sus medios de sustento por violencia asociada a la política y a las drogas”.
Al mismo tiempo, la relación ambigua del presidente venezolano Hugo Chávez con los movimientos guerrilleros y las múltiples denuncias de su presunta tolerancia a la acción de elementos de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano, ha tensionado las relaciones entre Colombia y Venezuela.
Del mismo modo, sonados casos de corrupción en países vecinos de Colombia están vinculados al conflicto interno de ese país. Un ejemplo de ello es la compra de 10,000 fusiles por parte de las FARC, en Jordania, bajo la fachada del Ejército peruano en 1999, durante el gobierno de Alberto Fujimori. De hecho, un ex colaborador del ex asesor de inteligencia de Fujimori, Vladimiro Montesinos, aseguró en una oportunidad que “Montesinos vendía armas a guerrilla y paramilitares (…) Montesinos trabajaba con la CIA para venderles armas a la guerrilla y a los paramilitares, incendiar el país y justificar una invasión a Colombia”.
La venta de fusiles AK-47 que hizo la Policía Nacional de Nicaragua, armas que fueron a parar a manos de los paramilitares de Colombia, también es una muestra de las redes que origina el conflicto interno en Colombia. El ex jefe de los paramilitares, Carlos Castaño, se jactó de haber obtenido, en la historia, el mayor embarque ilegal de armas proveniente de Centroamérica.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha sido señalado de hacerse “de la vista gorda” con las incursiones de las FARC en territorio venezolano, y, de hecho, Diego Fernando Serna, el presunto guerrillero que atentaría contra la vida del candidato presidencial Álvaro Uribe, aseveró que su presencia a pocos pasos del presidente colombiano Andrés Pastrana, en una reunión con Chávez, fue concertada por este último y Alfonso Cano, del directorio de las FARC.
Además, Chávez ha sido señalado por los medios de comunicación en Colombia, de proteger a José María Ballestas, secuestrador del avión de Avianca, quien fue capturado en Caracas por la Interpol, y cuya extradición fue obstaculizada por el gobierno venezolano.
Los radares colombianos y estadounidenses han detectado cientos de vuelos ilegales que pasan por Venezuela cargados de drogas y de armas. El gobierno de Chávez se ha negado a cooperar para controlarlos, según informes de la revista Cambio. Recientemente, el diario El Tiempo demostró la existencia de campamentos logísticos y militares de las FARC en la región fronteriza de Venezuela.
PRINCIPAL PRODUCTOR
Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo, con el 90 por ciento de la oferta mundial producida, procesada o transportada en ese país, según Estados Unidos. Colombia también es un importante abastecedor de heroína a Estados Unidos, agrega un informe de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ejecución de la Ley (INL). Según EE.UU., el cultivo de la hoja de coca permanece a “niveles elevados inaceptables, y las ganancias de las drogas ilícitas siguen sosteniendo a los actores ilícitamente armados, que atacan la sociedad civil y desafían la autoridad del gobierno central de Colombia”.
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