- La CGR dio un término de 72 horas a Enel para que envíe toda la documentación
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
La Contraloría General de la República (CGR), ordenó a la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel) suspender a lo inmediato el proceso de privatización de la empresa Hidrogesa, que había sido adjudicada, por segunda vez, a la Coastal Power International.
LA PRENSA intentó conocer la versión de la representante de Coastal Power International, Ana Bell Moncada, pero no fue posible localizarla.
La decisión fue tomada ayer de manera unánime por los cinco contralores, quienes basaron la medida en la denuncia de nulidad presentada el pasado 14 de agosto por el representante de la Empresa Enron de Nicaragua, Yalí Molina Palacios y en la denuncia de los representantes de los Pueblos Indígenas de Jinotega, quienes consideran que al privatizar Hidrogesa se privatiza el Lago de Apanás.
Molina señala en su escrito que al haber adjudicado, el pasado 12 de agosto del 2002, Hidrogesa a la empresa Coastal Power International IV Ltd., tanto el Comité de Privatización como el del Preadjudicación de Enel violaron los procedimientos ordenados por la Contraloría para la privatización de la Empresa Generadora Hidroeléctrica.
El contralor Guillermo Argüello Poessy, confirmó que el Consejo Superior de la Contraloría ordenó suspender el proceso de contratación y dio un término de 72 horas a Enel para que remitan toda la documentación sobre la privatización y el proceso de licitación y adjudicación.
“Que vistos los recursos presentados en relación con el caso de la privatización de la Empresa Generadora Hidroeléctrica, Sociedad Anónima, se estima sobre la base de lo establecido… que las peticiones son admisibles y tramitables, pues están dentro de las facultades conferidas a esta institución”, dice la resolución de los contralores.
“…por tanto se requiere al ingeniero Mario Montenegro Castillo, como funcionario que comparecerá en la formalización del contrato de adjudicación del 95 por ciento de las acciones de la empresa, que por razones de interés público, suspenda la contratación y se remitan copias certificadas de las diligencias practicadas a partir de la denuncia de nulidad del acto de adjudicación del dos de mayo del 2002 de la referida empresa”, agrega.
