Julián Bendaña [email protected]
En el editorial de LA PRENSA del 9 de agosto del 2002 (“El Colmo del Descaro”), al final del cuarto párrafo se menciona “…Ése es el delito que este individuo tiene que probar que no cometió”.
¿No es acaso una garantía constitucional la presunción de la inocencia? ¿No es acaso deber de la parte acusadora demostrar la culpabilidad? Yo sé que hay varios distinguidos juristas dentro del Consejo Editorial de este prestigioso diario, por lo que estoy seguro que ellos no se percataron de tan craso error.
Esa afirmación equivale a que retrocedamos a la época de la inquisición, en la cual la carga de la prueba recaía sobre los acusados. Tal como lo ha señalado el Ing. Enrique Bolaños, a toda persona se le deben respetar sus garantías constitucionales, sin importar su nacionalidad, credo político, raza, sexo, religión, opinión, origen, posición económica o condición social.
Nuestra Constitución Política, en su artículo 34 1), señala que “Todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a las siguientes garantías mínimas: 1) A que se presuma su inocencia mientras no se prueba su culpabilidad conforme a la ley”. Sólo cabe la carga de la prueba, por parte de los acusados, cuando éstos hagan aseveraciones que tengan que ser probadas.
Otro aspecto que llama mucho la atención, es que este caso se esté ventilando en el Juzgado del Crimen que preside la juez Dra. Juana Méndez. Sin restarle méritos profesionales a dicha autoridad, es notoriamente conocido el hecho de que ella se identifica plenamente con el partido sandinista, por lo que el comandante Ortega optó por resolver sus conflictos legales a través de dicho juzgado.
En base a lo anterior, ¿es posible que las personas acusadas puedan gozar de un juicio imparcial, en el que la verdad salga a relucir? Resulta sumamente dudoso que, por mera “coincidencia”, ese juzgado haya sido seleccionado, por medio del sistema aleatorio, para conocer de tan importante caso.
Nota del Editor
La Procuradoría General de Justicia presentó en el juzgado correspondiente una gran cantidad de documentos probatorios de su acusación. De manera que a los acusados les corresponde demostrar si, como ellos y sus defensores alegan, esas pruebas son falsas y si es legal que un partido se apropie de los recursos del Estado.
