- Comisión Internacional de Derechos Humanos Alimenticios señala a Nicaragua
Noel Hernández Ramos [email protected]
Una misión de la Organización Internacional por el Derecho a Alimentarse (FIAN) denunció que en Nicaragua existen múltiples casos de violaciones al derecho a una alimentación adecuada, según una investigación que hicieron en el país entre el 4 y 12 de agosto de este año.
Martín Wolpold, coordinador para América Central y México de FIAN, informó que la misión fue invitada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) con quien presentó ayer los resultados de la investigación.
La misión verificó casos de violación al derecho de la alimentación entre las familias que integran los plantones de los municipios de San Ramón y Tuma-La Dalia, donde se reportan siete personas muertas por causa de desnutrición y falta de asistencia alimentaria y médica.
“Es evidente que la mayoría de las personas presentes en los plantones demuestran indicios de desnutrición aguda, especialmente entre las niñas y niños, situación que provoca enfermedades que se agravan al no obtener ni siquiera una asistencia médica mínima”, expresa el informe.
Según la misión, pese a que el Instituto de Desarrollo Rural comenzó el 26 de junio de este año un programa de emergencia para mil 70 familias, para que trabajen en la limpieza y renovación de carreteras, el pago de 30 córdobas que reciben por persona no ajusta para cubrir la alimentación adecuada de un hogar rural.
INVESTIGARON DESALOJOS EN OMETEPE Y CHINANDEGA
Por otra parte la misión determinó que el desalojo forzoso de 11 familias campesinas de la comunidad El Perú, en el municipio de Altagracia en la Isla de Ometepe, durante el 22 y 23 de febrero, violó la obligación del respeto al derecho a la alimentación y de la vivienda.
Según las investigaciones al respecto, se concluyó que las autoridades judiciales, policíacas y locales reconocieron que el desalojo no tenía razón de ser, mucho menos la manera en cómo éste se efectuó, ya que no estuvo conforme con el Estado de Derecho.
Otro desalojo que fue objeto de investigación es el de las cooperativas “Rafaela Herrera” y “Joaquín Mejía”, en el municipio de Chinandega, las cuales están integradas por cientos de personas que fueron beneficiadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria y cuyas propiedades son objeto de disputa por un terrateniente de la zona.
La misión recomendó que es necesario y urgente —ante estas problemáticas— impulsar un nuevo debate sobre la política de tierras y de desarrollo rural en Nicaragua.
