- Gobierno de Álvaro Uribe decreta por 90 días prorrogables el “estado de conmoción interior” para combatir la violencia guerrillera y paramilitar
- Imponen un nuevo impuesto que debe dar US$ 780 millones para el Ejército; activistas temen por respeto a Derechos Humanos
AFP
BOGOTÁ.- El gobierno colombiano decretó ayer el estado de “Conmoción Interior”, un instrumento que le permitirá combatir lo que llamó “grupos armados cada vez con mayor capacidad destructiva” mediante medidas extraordinarias, entre ellas el toque de queda, otras restricciones de derechos ciudadanos y la creación de un impuesto de guerra.
El estado de Conmoción Interior, que rige por los próximos 90 días con posibilidad de ser extendido hasta por otros seis meses, fue decretado la madrugada del lunes luego de cinco días de violencia exacerbada que comenzó con la posesión de Álvaro Uribe el miércoles y que ha dejado 115 muertos en todo el país.
El decreto permitirá al gobierno tomar medidas directamente relacionadas con el manejo de orden público, hasta ahora no conocidas pero cuyo perfil fue esbozado por la ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez.
“Habrá necesidad de proceder con una mayor agilidad para poder hacer inspecciones, allanamientos cada vez que haya sospechosos de haber cometido actos terroristas o de pertenecer a organizaciones irregulares”, señaló la ministra.
El ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño, señaló que “el gobierno ha tomado esa decisión, que se explica por la insuficiencia de los recursos y de los medios de que el país dispone por las leyes ordinarias previstas para tiempos de calma en estos momentos excepcionales”.
El gobierno “cuidará con obsesiva vigilancia el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”, afirmó el funcionario.
NUEVO IMPUESTO, MÁS POLICÍAS
Al amparo de este decreto, el gobierno tomó una primera medida que consiste en el cobro de un impuesto de 1.2 por ciento a los patrimonios de más de 150 millones de pesos (unos 58,000 dólares), con lo cual el gobierno calcula recaudar unos 780 millones de dólares que serán destinados al fortalecimiento de la Policía y el Ejército.
“La mayor parte de estos recursos se nos van a ir en un reforzamiento del pie de fuerza(de las tropas). Vamos a aumentar en 10,000 hombres más la Policía Nacional, vamos a aumentar en 100,000 hombres los auxiliares de Policía y Ejército; vamos a contar con dos brigadas móviles adicionales con cerca de 2,500 soldados más”, dijo la ministra Ramírez.
También señaló que la interceptación de comunicaciones será uno de los pilares dentro de las medidas, aunque aclaró que habrá un respeto por la libertad de prensa.
“El gobierno no piensa intervenir sobre la libertad de prensa, pero sí convocar cada vez más a los medios de comunicación para que entendamos que es necesario que cierta exposición exagerada de lo que hacen estos terroristas casi que se convierte en apología de sus actos”, señaló.
LA OFENSIVA DE LAS FARC
Las FARC, el grupo insurgente más grande del país, ha desatado una fuerte ofensiva desde el pasado 20 de febrero cuando se rompió un proceso de paz de tres años con el gobierno de Andrés Pastrana.
En junio pasado amenazó de muerte o secuestro a los alcaldes del país que no renunciaran a su cargo, lo que llevó a 220 de estos funcionarios a dimitir.
El pasado miércoles durante la posesión de Uribe, las FARC lanzaron una ofensiva de granadas de mortero que alcanzaron inclusive la Casa de Nariño, con saldo de 21 muertos en varios puntos de Bogotá. Desde ese día se han recrudecido combates en el país, en que están involucrados la guerrilla, los paramilitares y el Ejército con un saldo de 94 muertos más.
APOYO Y TEMORES
Dirigentes de diversas tendencias justificaron la decisión del gobierno. El ex candidato presidencial izquierdista Luis Eduardo Garzón dijo que los recientes actos violentos de los grupos ilegales “dieron un argumento irrefutable al gobierno del presidente Álvaro Uribe para declarar el estado de conmoción interior”.
“Creo que la actitud de la guerrilla de las FARC de atacar con explosivos en Bogotá (el pasado miércoles, mientras asumía Uribe) y de amenazar de muerte a los alcaldes del país justifican la adopción de esa medida”, dijo Garzón.
Pero el líder izquierdista dijo temer que, al amparo del estado de excepción, se desate una cacería de brujas contra supuestos auxiliadores de la insurgencia, se violen los derechos humanos y se restrinja la oposición política.
El mayoritario Partido Liberal (PL) expresó su apoyo a la decisión de Uribe, señalando que “la conmoción interior es uno de los instrumentos constitucionales a los cuales puede acudir legítimamente el gobierno para conjurar el estado de grave perturbación en el orden público”.
Los industriales colombianos respaldaron la decisión del gobierno. “Es un esfuerzo que va a doler, pero el sector privado lo va a hacer con el fin de que Colombia recupere sus niveles de seguridad”, dijo a periodistas el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Luis Carlos Villegas.
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