- Canaleros argumentan que en la venta de armas mediaron documentos falsos
Elízabeth Romero yConsuelo [email protected]
El director general de la Policía Nacional, primer comisionado Edwin Cordero, sostuvo este jueves que la versión de que son falsos los documentos existentes, en relación a la venta de armas por parte de Nicaragua y que después aparecieron en manos de paramilitares colombianos, deberá ser demostrada ante la Comisión de la Organización de Estados Americanos que investiga esta transacción.
Una publicación de La Prensa de Panamá destaca que es falsa la documentación que supuestamente utilizó la Policía Nacional (PN), según un peritaje efectuado por la Policía Técnica Judicial (PTJ).
Al ser consultado telefónicamente sobre la información vertida en el diario panameño, el jefe policial se limitó a contestar escuetamente que “eso lo tienen que demostrar ellos ante la comisión de la OEA”.
El diario panameño cita al fiscal de Drogas, Patricio Candanedo, encargado de las investigaciones, como el funcionario que informó sobre la visita realizada a Nicaragua por parte de peritos grafológicos de la Policía Técnica Judicial y de la Fiscalía, para examinar la documentación.
“El peritaje demostró que son falsas las cuatro firmas que aparecen en la orden de compra, que supuestamente fue hecha por la PN de Panamá y que la empresa guatemalteca GIRSA presentó a la Policía de Nicaragua”, señala la publicación periodística.
Sin embargo, el primer comisionado Cordero prefirió abstenerse de brindar declaraciones al respecto. “No puedo, no puedo darte más información”, sostuvo.
Por su parte, el ministro de Gobernación, Arturo Harding, declaró ayer que las autoridades policiales cuentan con la orden de compra original de la transacción de armas y municiones vendidas a la Policía de Panamá, no obstante, restó importancia a los señalamientos hechos por un funcionario panameño que denunció la falsificación de los documentos.
“Nosotros tenemos aquí una orden de compra, hasta que no haya una certificación oficial de la Organización de Estados Americanos (OEA), no podemos dar ninguna opinión, ese caso está en manos de la OEA, y esperamos que próximamente den a conocer lo que pasó y ojalá que se esclarezca toda la verdad”, expresó Harding.
Aseguró que los gobiernos de Nicaragua, Colombia y Panamá, han depositado su confianza en el informe que sobre el tema de las armas rendirá la OEA.
“Yo no he visto el original (de la orden de compra) que tienen las autoridades, he visto fotocopias, pero aparenta ser un documento real, han alegado que las firmas no son correctas, vamos a ver ahora que venga el embajador. No podemos pronunciarnos en nada, tenemos que ver que la OEA nos diga qué pasó”, reaccionó.
Es de destacar que mientras por parte de las autoridades panameñas han abundado las declaraciones públicas, las de Nicaragua han preferido esperar los resultados de las investigaciones que realiza la comisión de la OEA.
En el peritaje también se comprobó que en la impresión del documento se utilizaron dos máquinas distintas, y que el papel no es el mismo que utiliza la policía panameña para este tipo de transacciones.
El documento respalda la orden de compra No 415-D/99, emitida el 1 de diciembre de 1999, firmada por Rolando Taboada, director de Servicios Generales de la Policía; Ricardo Castillo, jefe de Compras de esta institución; Alexis Vargas, quien firmó por el ministro de Gobierno y Justicia, y Fredison Carvajal, de la Contraloría de la República.
Con este documento la Policía Nacional entregó a GIRSA el 2 de octubre del 2001, un cargamento de 3 mil fusiles AK-47 y cinco millones de municiones que fueron embarcadas en la nave Otterloo, con bandera panameña, con destino a la Policía de Panamá. Posteriormente se descubrió que las armas terminaron en manos de los paramilitares colombianos.
Patricio Candanedo informó que la orden de embarque emitida por la Policía nicaragüense sí resultó original.
El miércoles el primer comisionado Cordero había confirmado, durante una conferencia de prensa, que entre el 11 y el 15 del presente mes llegará al país el funcionario designado de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien realiza la investigación pertinente.
“Estamos esperando cuándo nos citan a nosotros para poner nuestro informe que también ya se lo enviamos a ellos desde hace rato”, refirió el funcionario policial en su rápida declaración sobre el tema el pasado miércoles.
“Nosotros ya lo enviamos, nos hemos comprometido con el gobierno de ampliar más sobre eso, y está en manos del gobierno ese informe”, añadió el jefe policial. Al insistir ante Cordero para que se refiriera sobre el informe presentado a la comisión de la OEA, éste dijo: “lo mismo que hemos dicho siempre”, que la transacción fue legal.
