Leslie Nicolás Lacayo [email protected]
Uno de los principales problemas que enfrentan las Instituciones de Microfinanzas (IMF) y las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC) es la falta de recursos de largo plazo, lo que a su vez limita la expansión de estas instituciones hacia el sector rural del país, esto a pesar que gran parte de la cartera de estas se ubica en el campo.
Según datos de la Asociación Nicaragüense de Microfinanzas (Asomif), el 41 por ciento de la cartera de créditos de las IMF están destinadas a actividades del sector rural y el 38 por ciento de éstas específicamente es dirigido a la producción agropecuaria.
Sin embargo, la experiencia que tienen, las 19 organizaciones que conforman Asomif, en este campo es incipiente debido al alto costo de transacción provocados por los problemas de la infraestructura vial y de las comunicaciones, la baja calidad de la cartera provocada por la crisis económica, la falta de seguridad y estabilidad de la propiedad rural, marcan un estancamiento en este sector.
Iván Gutiérrez, gerente general de Asomif, explica que tan sólo el 15 por ciento de los créditos totales de las IMF tienen 24 meses, o sea son de largo plazo. “El problema es que estos recursos de largo plazo son necesarios para la renovación tecnológica de la producción, desarrollo productivo y comercial”.
Para Gutiérrez una alternativa a esta situación podría ser que el gobierno permita fondos a largo plazo para que sean manejados por las IMF.
Por otro lado, existen algunas limitantes que han impedido el avance de las microfinancieras, es el caso de la deficiencia tecnológica existente en cada institución.
“Necesitamos un salto de calidad en los sistemas de informática, así como en los sistemas contables”.
Gutiérrez dijo que Asomif está en la búsqueda de nuevas opciones que incentiven el ingreso de las IMF al sector rural. Asimismo, indicó que otra de las carteras de suma importancia para las IMF es la de construcción de viviendas populares. Pues en la actualidad tan sólo entre el cuatro y cinco por ciento de la cartera total de las microfinancieras está dedicada a este rubro, según datos de Asomif.
“Estamos conscientes de que hay una demanda insatisfecha en lo que a viviendas populares se refiere, por ello estamos trabajando en un proyecto en conjunto con el Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) y estamos recibiendo apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el que se está negociando una línea de crédito por el orden los 30 millones de dólares”.
MARCO REGULATORIO
La aprobación de la reforma a la Ley de Préstamos entre particulares —que actualmente rige a las Instituciones de Microfinanzas (IMF)— ha causado distorsiones en estas instituciones, asegura Alfredo Alaniz, presidente de Asomif.
Según Alaniz, esta ley perjudica al usuario, pues la ley en su momento fijó una tasa de interés “tan baja” que provocó que los acreedores en las fuentes de recursos, que son los organismos internacionales, dudaran que si las IMF podrían ser sostenibles con esa tasa de interés.
Los organismos cooperantes por tanto suspendieron los créditos, con excepción de los contratos que ya habían sido suscritos. “Estos fueron los únicos desembolsos que se hicieron”, agregó Alaniz.
Esto obligó a muchas IMF a retirarse del área rural porque los costos operativos en esta zona son muchos más elevados y esta tasa no permitía mantener estas operaciones.
Asomif está a la espera de que la ley pueda pasar a plenario en el último trimestre de este año. Ya los diputados la han discutido y los cambios a la misma ya fueron enviados al Banco Central de Nicaragua, al Ministerio de Fomento Industria y Comercio y a la Superintendencia de Bancos.
CRECIMIENTO SE REDUJO
Desde 1999 al 2001 las IMF habían venido creciendo a razón de 46 por ciento anualmente, es decir, a través de las mismas ingresaban al país siete millones de dólares al año. El año pasado se creció en 1.7 por ciento, sólo entró un millón de dólares, este debido al efecto de la ley de préstamos entre particulares, según Alfredo Alaniz, presidente de Asomif.
