¿Cómo ha evolucionado el Ejército de Nicaragua?

El primer esfuerzo por profesionalización del Ejército de Nicaragua no ocurrió a inicios de los 90, como muchos creen, sino en 1986, enmedio de un gobierno dominado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido que le dio vida al Ejército Popular Sandinista, origen mismo de nuestra institución armada, según el experto Roberto Cajina.

“La profesionalización del Ejército de Nicaragua, extrañamente no arranca al mismo tiempo que la transición política del país, porque hay un fenómeno bien interesante: En 1986 se da la conversión o la reforma de la Ley de Grados de Honor, Cargos y Grados Militares, cuando hasta el momento de su aprobación, lo que existían eran los grados de la guerrilla (comandantes, subcomandantes) y a lo sumo se habían aceptado el teniente, teniente primero, capitán y mayor”, expuso Cajina.

“En ese momento, hay una discusión violenta a lo interno del FSLN, entendiendo que ese partido era el ‘dueño’ de ese Ejército, porque decían que los grados de coronel y teniente coronel entre otros, era como un regresar al pasado de la Guardia Nacional. Pero, el Ejército finalmente impone un consenso de sensatez diciendo que el Ejército tiene que adaptarse a las normas profesionales de los ejércitos de todo el mundo”, agregó.

Esto indica, entonces, que la profesionalización inicia en 1986, antes de la transición política, pero, según el experto, el elemento fundamental que la acelera son los acuerdos de transición de marzo de 1990.

En esos acuerdos se establecen algunos elementos importantes: la despartidización del Ejército; el redimensionamiento: era un Ejército inmenso para las condiciones ya del 90. En 1986, el Ejército había alcanzado 134,400 hombres. Para finales de 1989, ya anda por los 90,000, y para enero-febrero del 90 son 86,819 efectivos.

El otro elemento que Cajina plantea en el proceso de profesionalización es la reducción del presupuesto militar, que todavía en el 90, cuando la transición política ha comenzado, el Ejército tiene un presupuesto 177 millones de dólares.

La reducción fue drástica al año siguiente, cuando en la Asamblea Nacional el FSLN ya no es fuerza mayoritaria, y el presupuesto militar pasa a 51 millones de dólares.

“Una reducción brutal”, valora Cajina. A partir del 95 el presupuesto está fluctuando entre 20 y 30 millones de dólares más o menos, de tal manera que hoy apenas es un poquito por encima del 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) lo que el presupuesto del Ejército significa para la economía nacional, y anda como por el orden del 3 por ciento del gasto del gobierno central, según las estadísticas.

REDUCCIÓN DE LAS FUERZAS

Como consecuencia de eso, en mayo del 90, el entonces general Humberto Ortega, jefe del Ejército, le presenta a la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, el Plan General de Reducción del Ejército Popular Sandinista y reestructuración en el marco de la nueva situación de paz y el balance razonable de fuerzas.

“En mayo del 90, doña Violeta acepta que el Ejército se reduzca a 30,000 efectivos, pero por una decisión que yo nunca he entendido por qué se toma en el mando militar, prácticamente a Doña Violeta el Ejército le dobla la parada, y en lugar de reducirse a 30,000 se decide reducirlo a 14,500”, explica Cajina.

El experto dice tener una hipótesis para explicar lo anterior: “Me parece que se juntan dos cosas fundamentales: la guerra terminó y ya no es necesario mantener semejante aparato militar ni invertir tanto en él. Las urgencias económicas del nuevo gobierno, un país con más del 30,000 por ciento de inflación, fuera del esquema de las instituciones financieras internacionales, necesitaba reconstruir su credibilidad, necesitaba reducir su aparato del Estado, ‘limpiar el agua sucia’, como decía Toño Lacayo y, con la reducción del Estado iban oficiales y tropas”.

De ese plan general que le presenta el Ejército a doña Violeta Barrios de Chamorro, se aplican tres planes de licenciamiento, donde salen más de 10,000 oficiales entre noviembre del 90 y septiembre del 92, con una tasa global de reducción del 83.23 por ciento, de tal manera que de cada 100 efectivos que había, sólo quedaban como 17. “Ésta es una reducción drástica y acelerada, como también lo fue la reducción del presupuesto”, dice Cajina.

“Por otro lado, me dio la sensación de que aparte de las urgencias económicas del nuevo gobierno, también hay las necesidades políticas de Humberto Ortega: entre menos grande sea la institución militar, más pequeño es el blanco, por la polarización política que hay en ese momento, y los detractores no tendrían mayor argumento”, agregó el experto.

LA DESPARTIDIZACIÓN DEL EJÉRCITO

Como consecuencia del acuerdo de transición de marzo del 90 y del plan general de reducción, se dan los dos primeros pasos importantísimos en el proceso de despartidización del Ejercito: todos los oficiales que ostentaban cargos dentro de las estructuras del FSLN a nivel departamental, municipal o como fuera, tienen que renunciar —y renuncian efectivamente—, y hay un comunicado público oficial donde se anuncia que eso ha sucedido.

“A la par de eso, desaparece la Dirección Política del Ejército, que era como el eje alrededor del cual funcionaba todo el engranaje político-ideológico que alimentaba el carácter partidario del Ejército, un Ejército que hasta el 90 tenía como matriz de relación fundamental el partido (FSLN), y que su identidad no era castrense, sino político-partidario-ideológica, y que al momento de la derrota del FSLN en el 90, entra lo que yo llamo la triple crisis: de identidad, de misión y de legitimidad”, explica Cajina.

¿Qué son esas crisis? Cajina las define así: “Crisis de identidad: simplemente, quiénes somos ahora, antes éramos el brazo armado de la Revolución para enfrentar la agresión extranjera”.

“De misión: desparecido ese enemigo, ahora contra quién vamos a luchar, quién es el nuevo enemigo. De legitimidad: cuál es el grado de aceptación que socialmente tiene la institución”.

Para el experto lo anterior tiene dos niveles, lo que se llama legitimidad de origen y lo que se llama legitimidad de desempeño. “La de origen la dan políticamente los acuerdos de transición; es decir, el gobierno de doña Violeta reconoce que esa institución armada es legítima. Y la legitimidad jurídica comienza a aparecer de manera más clara cuando se aprueba el Código Militar”.

Luego, en el 92, se funda y comienza a funcionar el Centro Superior de Estudios Militares, general José Dolores Estrada Vado. “Interesante que por primera vez la institución militar toma el nombre de un héroe nacional y no el nombre de un héroe sandinista, para bautizar el centro principal donde se formarán los oficiales que regirán en el futuro la vida de la institución militar”, valora Cajina.

Otro detalle que demuestra el interés por la profesionalización es, además, la fundación de la Escuela Superior de Estado Mayor, en donde hay dos cursos básicos que es el “Diplomado de Estado Mayor General”, una especie de Maestría en la vida civil, y el “Curso Superior de las Armas y Servicio”. “Es decir, esto te va haciendo que a través de la educación militar se va teniendo militares profesionales, porque se va garantizando la expertis”, asegura el experto.

Pero en el 95 se producen fenómenos muy interesantes que lamentablemente no tuvieron desarrollo. El Ejército le presentó a la presidencia de la República cuatro anteproyectos de ley para la modernización del sistema de justicia militar.

Estos cuatro anteproyectos son la Ley Orgánica de Tribunales Militares, el Código Penal Militar, el Código de Procedimiento Penal Militar y la Ley de Reglamento Disciplinario Militar.

“Eso en el 95, pero el 96 es año electoral, y ya nadie da un centavo por debatir en la Asamblea esto y se congela. El 97 es el primer año del nuevo gobierno y hay otras urgencias. La cosa es que eso se va quedando relegado”, afirma Cajina.

“En ese mismo sentido, se da un proceso de modernización de la base jurídica de la Defensa. La Ley 181 (Código Militar), la Ley 192 que es la reforma parcial a la Constitución del 95, se publica en La Gaceta el Reglamento Estatutario del Instituto de Previsión Social Militar, en 1995, y se reforma en el 98 para incorporar al ministro de Defensa en la Junta Directiva”, agrega.

Luego está la Ley 290 de 1998 que es la Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo, en el que básicamente se le da vida al Ministerio de Defensa y se le señalan 11 funciones expresas.

“A mi juicio, de esas once funciones, cuatro son sustantivas: la participación del Midef en los planes de la defensa nacional, inteligencia militar, presupuesto y defensa civil”, acota el experto.

“A diferencia de lo que ha ocurrido en el resto de América Latina, la legislación en defensa en general, en Nicaragua ha sido muy exigua. Lo interesante del proceso en Nicaragua, es que a pesar de eso, el sistema ha funcionado”, dice.

“OTROS HECHOS RELEVANTES”

“El hecho de que a partir del 95 los oficiales del Ejército tienen responsabilidades financieras, deben presentar una declaración de probidad ante la CGR. Prácticamente casi el 100 por ciento del cuerpo de oficiales se paga a través de cheques fiscales. Va a ser bastante difícil que el 100 por ciento de los efectivos del Ejercito se pague así, por una cantidad de razones que son de carácter estructural a la sociedad y economía nicaragüense. El Ejército todavía tiene un cierto grado de rotación de personal que está vinculado al ciclo agrícola y otros factores”, agrega Cajina.

Y dentro de estos hechos, resalta que a partir de 1998 el Ejército comienza a presentar a la Contraloría General de la República el informe auditado de la ejecución financiera del Instituto de Previsión Social Militar.