- Financiamiento a pequeñas y medianas empresas contribuye a
mejorar seguridad alimentaria
María Antonia López M. [email protected]
La estrategia para resolver el problema de seguridad alimentaria debe basarse en el desarrollo de proyectos productivos realizados por pequeñas y medianas empresas, siempre que éstas puedan encontrar flexibilidad para acceder al crédito rural, sostuvo Eduardo Coto Barbosa, asesor de la presidencia ejecutiva del Consejo de Producción de Costa Rica.
El tema de seguridad alimentaria ha sido ampliamente debatido y es definido por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá como “el estado en el cual todas las personas gozan, de forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar que coadyuve al logro de su desarrollo”.
Coto Barbosa estuvo presente en un seminario taller sobre seguridad alimentaria y crédito rural impulsado por la Confederación Nacional de Profesionales y la Fundación Konrad Adenauer.
Dicha organización de profesionales ha considerado que tras los esfuerzos que se han hecho en el país para tratar el tema de seguridad alimentaria el crédito debería también integrarse como uno de los aspectos relacionados para garantizar acceso a la alimentación, calidad y periodicidad de los mismos.
Tanto es así que la Política nacional sobre seguridad alimentaria establece en uno de sus lineamientos que se deben identificar y priorizar la demanda de crédito e incentivar la inversión, generación, transferencia y divulgación tecnológica para mejorar e incentivar la producción de alimentos.
Por ello, explicó que los requisitos para el crédito rural no pueden ser convencionales, sino que los analistas y promotores deben tomar en cuenta las condiciones de los pequeños productores que demandan el financiamiento, sobre todo en Nicaragua donde los índices de pobreza son muy altos y las oportunidades en busca del desarrollo son muy pocas.
Calificó como algunos de los requisitos, la consideración de la solvencia moral, historial como personas, como sujetos de crédito, la factibilidad de sus proyectos y no tanto las garantías porque generalmente no las tienen.
“Si pretendemos combatir los problemas de seguridad alimentaria los análisis de los promotores de crédito deben tener otra óptica”, insistió Coto.
