Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
El Consejo Superior de la Contraloría General de la República (CSGR), determinó presunción de responsabilidad penal en contra del ex ministro de Transporte e Infraestructura, Jaime Bonilla, y otros ex funcionarios de la Corporación de Empresas de la Construcción (Coerco) adscrita al MTI tras confirmar irregularidades en el uso y manejo de más de 19 millones de córdobas.
El contralor Luis Ángel Montenegro confirmó que entre los ex funcionarios “pegados” con presunción de responsabilidad penal está Bonilla. LA PRENSA intentó conocer la versión de Bonilla, pero no fue posible localizarlo.
Mientras tanto el presidente de la Contraloría, Francisco Ramírez, confirmó que ayer se dictó una resolución en la que se establecieron responsabilidades administrativas, civiles y presunción de responsabilidades penales contra varios ex funcionarios del MTI, pero se negó a brindar detalles sobre el caso aduciendo que primero se notificará a los aludidos.
Los casi 20 millones de córdobas salieron de la Coerco así: tres millones y medio fueron donados por órdenes del ministro de entonces Jaime Bonilla a distintas entidades privadas y personas naturales; siete millones 256 mil córdobas en contratos de obras que no se ejecutaron con la empresa Modultecsa; más de seis millones en compras de bienes, violando los procedimientos establecidos para hacer compras en el Estado, y dos millones 400 mil en ejecución de obras que no tienen nada que ver con el Estado.
DENUNCIA LA HIZO ROBLETO
El caso fue denunciado el 23 de agosto del 2001 por el ex ministro de Transporte e Infraestructura, David Robleto, ahora prófugo de la justicia por el caso de Canal Seis. La denuncia de Robleto tenía sustento en el informe de auditoría de la firma de auditores Hernández Ruiz y Compañía, en el que se precisaban las irregularidades señaladas en unos 32 hallazgos.
Posterior a la denuncia de Robleto, la Contraloría ordenó hacer una investigación. El informe de los auditores de la CGR, Sonia Escobar Palacios, Mario Gaitán, Magda López y Elba Yolanda Feirra, confirmó que había fallas administrativas y financieras en el manejo de los casi 20 millones de córdobas relacionados con las compras de bienes, donaciones y contratos de construcción con las empresas Modultecsa, del cubano americano Pedro Reboredo y Graminsa de Jorge Granera.
