Mayda Isabel Meléndez [email protected]
La privatización de la empresa Hidroeléctrica de Generación S.A. (Hidrogesa), que comprende las plantas Centroamérica y Santa Bárbara, significaría poner en manos de la empresa Coastal Power el 80 por ciento de la generación de energía, y que ésta, en conjunto con Unión Fenosa, definan el futuro de la energía en términos de tarifas, inversiones y demás, aseguró Ruth Herrera, coordinadora de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores.
Herrera, quien expuso sus puntos de vista en el Panel de Derecho de los Consumidores, realizado en el marco de la celebración del III Foro Mesoamericano, consideró un insulto a la soberanía nacional el hecho de que el Banco Mundial condicione un préstamo con la venta de Hidrogesa, tal como se publicó en algunos medios de comunicación.
Agregó que la organización que representa se opone a dicha privatización, pues, además de efectuarse de “manera turbia”, la Ley de Medio Ambiente dice que no se pueden enajenar las cuencas y fuentes de agua. También argumentó que no deberían venderse las plantas generadoras debido a que Nicaragua carece de un marco regulatorio para el uso de las aguas.
NO ES PANACEA
José Ganim, coordinador del programa universitario de extensión y desarrollo social de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, aseguró que la privatización no es la panacea de grandes males como la corrupción y el mal servicio.
“(En Argentina) decían que había corrupción, que los servicios no funcionaban bien, que había que optimizar el funcionamiento, que había que mejorar la calidad. Nada se logró. Si tampoco lo resolvieron las privatizaciones, quiere decir que no eran la gran solución”.
Lo peor de todo, a juicio de Ganim, es que los servicios básicos cayeron en manos de transnacionales, las que sacaron el dinero del país, por lo que actualmente Argentina se quedó sin circulante, hecho que ha influido negativamente en su economía.
PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
Según Ruth Herrera, Nicaragua se comprometió a privatizar el agua como una medida para aliviar la pobreza, pero, por el contrario, tal acción “traería más pobreza, más miseria, más insalubridad y más abandono a las familias de menos recursos”. Sugirió que debería entregarse la administración del agua a las Alcaldías, pues así se garantizaría mayor control de parte de los ciudadanos.
