Javier Álvarez Zelaya
Los Organismos FFinancieros Internacionales (FMI-BM-BID), han venido prestando asistencia monetaria a Nicaragua por muchos años. De hecho, son estos organismos las únicas fuentes de financiamiento externo para nuestro país.
Otro hecho es que por efectos de política financiera concertada entre estos organismos, hay una suspensión de créditos para desarrollo de infraestructura energética patrocinada por el Estado. Esta particular formulación de política financiera colisiona con el estado de ahogamiento económico de una Nicaragua que todavía tiene conmocionado su aparato productivo, producto del desorden económico e intolerancia política de los años ochenta.
Hoy en día padecemos de desmotivación endémica entre nuestros productores y fuerza laboral. Además, al emerger de los ochenta, nuestro país experimentó un encarecimiento de la tierra y especialmente, del crédito interno. Los precios de nuestros productos de exportación sufrieron mermas significativas. El petróleo sufrió alzas considerables, los campos de cultivo se vieron expuestos a la sustracción ilegal de sus cosechas y el despale se incrementó notablemente.
Nicaragua es un país de vocación agropecuaria y con un incipiente esfuerzo industrial sediento de energía barata. Necesitamos extender las áreas irrigadas y para eso es necesario reducir nuestros costos energéticos. Actualmente tenemos la facturación de energía más cara de Centroamérica. ¿Cómo se puede pensar, entonces, en levantar la producción y ser competitivos, si gran parte de nuestra generación de energía es a base de bunker? ¿Por qué congelar los créditos para el desarrollo de plantas hidroeléctricas que proporcionarían energía barata, limpia y a base de tecnología accesible?
La población y los productores no soportan tarifas energéticas más altas y sabemos por experiencia reciente que las privatizaciones empujan las tarifas hacia arriba. Deberíamos diseñar una estrategia de cabildeo para mostrar a los organismos financieros internacionales la urgencia de reformular su política de privatización de nuestros servicios básicos y su oposición a respaldar con créditos al Estado para la construcción de complejos energéticos. De ser necesario deberíamos solicitar asistencia de gobiernos amigos influyentes para ayudar a evolucionar la política de los organismos financieros internacionales y ponerlos al día con nuestra urgente y delicada situación actual.
La joven experiencia democrática de Nicaragua podría estar en riesgo.
