- Tras muchos meses de controversia, aún no hay nada claro sobre el establecimiento de los fondos que respaldarán el pago de los pensionados que quedarán en el INSS una vez que empiece a andar el nuevo sistema de pensiones. Estos pensionados son, por ley, los mayores de 43 años
María Antonia López [email protected]
Hasta la fecha no hay una certeza financiera para los asegurados que queden dentro del sistema público de pensiones, debido a que no existe una definición sobre el futuro de los fondos que cubrirán a los pensionados una vez que se haga efectiva la Ley de Privatización de Pensiones, prevista para finales de año.
Según datos extraoficiales, al menos el 80 por ciento del total de cotizantes que actualmente registra el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) pasará al Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) y, con ello, una buena parte de las reservas de la entidad deberán ser trasladadas a este sistema.
De esta manera, las personas mayores de 43 años que no sean absorbidas, según indica la Ley de Privatización de Pensiones, aún no cuentan con las explicaciones del caso acerca del futuro acceso de los fondos que, por Ley, el Estado debe otorgarles.
Saúl Cordón, Presidente de la Asociación Nacional de Asegurados (Anase), dijo que si no se resuelve el problema de este grupo, indudablemente que el pago de esos cheques va a ser una carga para el Estado.
“El futuro es negro, porque si no lo asume el Estado, los empleadores de alguna manera lo tendrán que hacer o los pensionados tendrán que recibir montos cada vez más bajos hasta que todo se extinga”.
Pero hay otro aspecto que tampoco se ha tomado en cuenta, y es la carga fiscal que representa para el Estado la transición de las pensiones del sistema público al privado, tampoco se han aportado opciones para evitar el riesgo de desprotección para las personas mayores de 43 años que no ingresarán al SAP.
Sergio Santamaría, Director del Centro de Investigaciones y Asesorías Socioeconómicas (Cinase), explicó que desde 1996 se ha planteado un déficit para honrar las pensiones de las personas que quedan en el sistema antiguo: “Creo que hay que hacer una revisión, porque han pasado casi dos años desde que se modificó el porcentaje de contribuciones, y ver cómo están las cuentas de la seguridad social”, señaló.
HAY QUE ESTAR PENDIENTES
Según Santamaría, si las previsiones efectuadas en esa fecha —de requerir 750 millones de dólares para honrar los compromisos del sistema antiguo— siguen siendo válidas, pues habrían que tomarse en serio para evitar un colapso en las finanzas públicas.
Recordó que el incremento en tres puntos porcentuales en el porcentaje de cotizaciones iba a pasar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pero “como éstas no están funcionando, habría que saber qué está haciendo el Seguro Social con ese fondo”.
También sugirió que se debe analizar si al momento en que los pensionados sean separados entre los mayores y menores de 43 años, hay que contar el porcentaje de las reservas que pasaría a las AFP y cuánto quedaría en el INSS.
Consideró que esta situación no fue vista con claridad en su momento. Cuando la ley de privatización de las pensiones fue aprobada, “los legisladores obviaron ese elemento, así como las autoridades en esa época, que manejaron el seguro hasta diciembre de 2001”.
“Debieron analizar que se requiere de un monto para cubrir las pensiones de la gente, proveniente de los fondos del Presupuesto, a menos que hubieran previsto que las AFP no iban a funcionar este año y por eso no hubo una partida de previsión en el proyecto de Ley de Presupuesto General de la República”, reiteró Santamaría.
Esto trae como consecuencia que el déficit fiscal actual, establecido en 4,417 millones de córdobas, subiría cuando se cargue el pago de las pensiones. “Hay que hacer una readecuación en términos de gasto y en ingresos del Presupuesto para los próximos 15 años, porque es algo que se debe contemplar para poder cubrir el déficit actuarial del INSS”.
Estimó que las actuales reformas al gasto y el aumento de los ingresos que el gobierno está promoviendo en estos meses, se tornan insuficientes, porque los cambios al presupuesto solamente implican una reducción del gasto en 550 millones de córdobas.
“En definitiva, ésta es una de las condicionantes por las cuales Nicaragua requiere de una reforma fiscal para medir el ingreso y el gasto, de forma coherente y equilibrada”, reiteró el economista.
MUCHOS AFECTADOS
El analista en materia de seguro social, Manuel Ruiz, también alertó sobre el peligro que pende sobre los pagos de las pensiones que, por derecho, deben recibir las personas mayores de 43 años.
Ruiz consideró que las pensiones actuales denominadas como “Sistema Público de Seguridad Social”, en el que se concentran los ancianos, viudos o inválidos “y se les ve haciendo filas en los bancos para cobrar su pensión, podrían quedar desprotegidos si no se toman las medidas del caso”.
Aunque a su juicio el problema también se amplía cuando empiece a funcionar el nuevo Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), porque tampoco hay certeza de lo que va a suceder en ese momento.
Ruiz dijo no tener seguridad acerca del funcionamiento de las pensiones en curso de pago (las actuales), para el próximo año.
No obstante, con las reservas técnicas (ahorro interno), el INSS debe cumplir con tres obligaciones coyunturales: continuar pagando las actuales pensiones, reconocer los períodos cotizados a los trabajadores menores de 43 años que se van al nuevo sistema, y debe asumir los gastos administrativos.
“Pero observamos que en el año 2000 el Seguro Social pagó 800 millones de córdobas en pensiones, en 2001 fue de 900 millones, y en 2002 va a pagar 985 millones de córdobas”, detalló.
Para Ruiz, ex director general de Pensiones del INSS durante el gobierno sandinista, una vez que el Seguro sea dividido, solamente podrá recaudar cotizaciones equivalentes a los 68 mil asegurados que le quedarán, y “esto será muy poco”.
VÍA IMPUESTOS
La Ley indica que cuando el Seguro Social no tenga dinero para asumir esas cuentas, tendrá que hacerlo el Estado, y éste lo recaudará por la vía impositiva o bien desde una partida del Presupuesto General de la República.
“Allí es donde viene la inseguridad, porque se estaría hablando de casi 100 millones de dólares anuales, unos mil cuatrocientos millones de córdobas que impactaría en la situación del país, y, por otro lado, la presión de los organismos internacionales por reducir el gasto, pero el INSS no tiene para responder porque sus reservas apenas son de 2 mil millones de córdobas”, explicó.
“El problema está en que la Asamblea Nacional cada año apruebe 100 millones de dólares, y la cantidad de pensionados aumentará, mientras la pensión se verá reducida aún más por el sistema de reparto que se practica”, reiteró.
Ruiz indicó que el sistema debe ser replanteado para que los asegurados puedan tener opción de seleccionar el que mejor convenga, no obligar a los cotizantes a quedarse por Ley, aseguró Manuel Ruiz.
LOS ANTECEDENTES A LA PRIVATIZACIÓN
En 1955 se creó la Ley Orgánica de Seguridad Social
-La Ley de Seguridad Social fue reformada bajo el decreto 974 de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua, publicada en La Gaceta del primero de marzo de 1982
-El Reglamento de la Ley de Seguridad Social fue hecho bajo el decreto 975, publicado en la misma fecha
-El Sistema de Pensiones fue creado en 1957, concebido como uno de prima escalonada, pero funcionó como de reparto
-Por ello, la Asamblea Nacional aprueba la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones en 1999, la cual separa las pensiones en forma de reparto, y traslada a una cantidad de asegurados hacia cuentas individuales privatizando el seguro social
-En 2000 hubo un incremento en la cotización de los trabajadores del cuatro al 6.25 por ciento, y los empleadores pasaron del 12.5 a 15 por ciento, lo cual motivó a la introducción de al menos 32 recursos de inconstitucionalidad sobre ese tema
-Actualmente la separación de ambos sistemas está paralizada tras esperar que la Asamblea Nacional apruebe la renuncia del Superintendente de Pensiones, Martín Aguado, cargo creado por Ley, quien abandonara el país cuando se le señalaran malos manejos en el INSS.
INSS SILENCIOSO
Durante varios días LA PRENSA solicitó infructuosamente la versión del Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS) respecto a los fondos con que cuentan para hacerle frente al proceso de separación de los pensionados una vez que entre en vigencia el nuevo sistema.
