William Briones Loáisiga [email protected]
El Poder Ejecutivo enviará a la Asamblea Nacional una iniciativa de Reformas a la Ley de Inmunidad, que desde ya cuenta con el respaldo de todas las bancadas.
De acuerdo con la iniciativa, que será remitida al Parlamento durante los próximos días, no podrán recibir este beneficio los ex mandatarios que hayan sido condenados por delitos nacionales e internacionales, ni los que ostenten otro cargo en el Estado.
La iniciativa propone reformar únicamente el artículo segundo de la Ley de Inmunidad, aprobada en 1984, que establece la obligatoriedad de entregarle una pensión vitalicia a los ex mandatarios. “Se exceptúan de este beneficio los ex Presidentes y ex Vicepresidentes de la República que han sido condenados por sentencia judicial firme, así como los ex Presidentes y ex Vicepresidentes de la República por cuyas acciones el Estado de Nicaragua sea condenado por la violación de Derechos Humanos por cualquier Organismo Internacional reconocido por nuestro ordenamiento jurídico”, indica la iniciativa.
“Se suspende el pago de la pensión vitalicia a los ex Presidentes y ex Vicepresidentes de la República que se encuentren ejerciendo un cargo público remunerado, restableciéndose tal derecho en las mismas condiciones, una vez que cese en sus funciones. Queda expresamente prohibido a los ex Presidentes y ex Vicepresidentes de la República recibir más de una pensión vitalicia”, agrega.
El jefe de la bancada liberal, Pedro Joaquín Ríos, dijo estar de acuerdo en algunas partes de esta iniciativa. “Tiene un montón de cosas que son valederas. ¿Cómo es posible que alguien recibe salario de diputado y de Presidente?, la pensión debe ser para alguien que no devengue salarios, pero los otros aspectos hay que analizarlos”, comentó.
El diputado sandinista Tomás Borge dijo estar de acuerdo con una reforma al tema de las pensiones vitalicias e incluso, dijo que en el futuro su bancada hará su propia propuesta.
Borge aseguró que el ex presidente Daniel Ortega también percibe dos ingresos del Estado, aunque dijo que el salario de diputado se lo entrega íntegro a su suplente Agustín Jarquín, quien asume de hecho su curul.
Por otra parte, el Parlamento aprobó ayer en lo general la Ley de Probidad de los Servidores Públicos del Estado, la que pretende proteger el patrimonio del Estado y establecer mecanismos que permitan el ejercicio transparente de la función pública.
Hasta ayer prevalecía una descrepancia entre liberales y sandinistas sobre la libertad ciudadana para conocer las declaraciones de probidad de los funcionarios públicos.
