Mayda Isabel Meléndez [email protected]
Dentro de 15 ó 20 años, Nicaragua podría quedar sin bosques si la tala ilegal en las fronteras agrícolas de los mismos continúa al mismo ritmo, es decir, minando entre 60 y 80 mil hectáreas de bosque cada año, advirtió Francisco Lemus, presidente de la Cámara Forestal de Nicaragua.
La madera que se pierde de esta manera, equivale a 4 ó 5 años de trabajo realizado por los industriales de este rubro, y es 20 ó 30 veces más que la madera extraída legalmente, indicó.
Cifras manejadas por Lemus indican que anualmente, un bosque “malo” (con poca madera) produce entre 700 y 800 metros cúbicos de madera en su frontera agrícola. En ese mismo período, los industriales procesan un promedio de 120 mil metros cúbicos.
Refirió que, desde hace unos 30 años, las familias campesinas en extrema pobreza se instalan en las fronteras de los bosques latifoliados (todas las maderas que no son pino), talan una parcela, realizan quemas y proceden a sembrar maíz y frijoles.
Sin embargo, este terreno al cabo de dos años ya no sirve, pues al ser propio para la reforestación y no para la agricultura, su capa vegetal es muy pequeña y se degrada con suma facilidad. Luego de ese tiempo, los colonos —que pueden llegar a ser hasta 100 familias— vuelven a iniciar el proceso, adentrándose cada vez más en el bosque.
El líder forestal consideró que la solución a este problema sólo podría venir después de unos 10 años consecutivos de paz, economía estable y estrategias gubernamentales para combatir la extrema pobreza en que viven los campesinos del país.
Lemus informó que en el país existen 2 millones y medio de hectáreas de bosques, de las cuales, al menos 1 millón 200 mil son protegidas, y, por tanto, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) vela para que no sean talados.
Aun así, la tala en las fronteras agrícolas los afecta, debido a que los bosques latifoliados estatales están ubicados en espesas montañas de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), norte de Matagalpa y norte de Jinotega y, por tanto, son de difícil acceso para la supervisión.
Aunque los funcionarios del Instituto Nacional Forestal (Inafor) aplican las normas de protección y, en la medida de lo posible, la institución hace lo que puede al respecto, la tala en las fronteras agrícolas, a juicio de Lemus, nadie la puede controlar.
